La Asociación en Favor del Transporte de Tenerife (Trantf) ha manifestado su oposición al recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por un grupo ecologista contra el Plan Territorial Especial de Ordenación del Tren del Sur alegando que el Cabildo de Tenerife no tiene competencias en materia ferroviaria.
La Asociación argumenta que la Ley de Cabildos 14/1990 afirma que "cuando el interés a cuya satisfacción tienda una competencia administrativa estatuaria, responda a un interés preponderadamente insular, la ley la atribuye a los cabildos, de forma que la función transferida se integra en el núcleo de competencias propias de los mismos como entidades locales".
Extapolando esta normativa al caso del tren del Sur, vendría a significar que mientras el ferrocarril no salga del espacio insular de Tenerife (algo físicamente imposible) las competencias recaen en la Corporación insular. Mientras que si el trazado del ferrocarril saliese de la Isla, las competencias recaerían íntegramente en el Gobierno de Canarias.
Además, la citada normativa reza que "se refuerza la capacidad de actuación de las entidades locales en aquellas competencias cuya gestión administrativa territorial deba prestarse con referencia a las poblaciones de una isla o un municipio. Se huye entonces de la construcción de una Administración periférica regional burocratizada, permitiendo a la ley su ejercicio por los cabildos insulares o los ayuntamientos canarios mediante la institución de la delegación".
Así pues, Trantf sostiene que, aunque en el Estatuto de Autonomía se refleje que las competencias de los ferrocarriles de ámbito regional son del Gobierno de Canarias, las competencias en los trenes de Tenerife las tiene el Cabildo, al ser una red de ferrocarriles de ámbito insular. De esta forma, se echaría por tierra el intento de anular la aprobación definitiva del Plan del Tren del Sur.