Decía en una visita que realizó a Canarias el pasado mes de marzo el Coordinador General de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, que la corrupción que se conoce en el Archipiélago está implícita en el propio desarrollo de las islas y remarcaba que los ciudadanos tienen que señalar con el dedo a los corruptos y apartarlos de la vida política.
Siguiendo esta recomendación, los dedos de los canarios tendrían que multiplicarse si tuviesen que dar cuenta de los implicados que, en la actualidad, figuran en los casos de supuesta corrupción que se investigan en Canarias.
Desde Lanzarote a La Palma, pocas son las islas, por no decir ninguna, que se salvan de tener entre sus responsables públicos a algún investigado por un supuesto caso de corrupción, en mayor medida, urbanística. El desenfreno con el que crecieron las Islas en las últimas décadas y la circulación excesiva de dinero han motivado que el Archipiélago se haya convertido en punto de mira para los jueces y la Fiscalía Anticorrupción.
Desde la llegada a Canarias de los dos delegados del citado órgano judicial, Luis del Río y María Farnés Martínez, la Comunidad Autónoma no ha sido ajena a la intensa actividad desplegada en todo el Estado por este organismo.
La denominada operación "Unión", el "caso Salmón" y el "caso Arona" son tres de los últimos embrollos judiciales en los que se han visto implicados políticos de los tres partidos con mayor representación en el Archipiélago (Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y PSC-PSOE).
No obstante, tampoco han quedado al margen responsables de otras formaciones con menor peso político como es el caso del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Esta formación conejera atesora entre sus miembros un gran número de implicados en casos de supuesta y confirmada corrupción, como el de su líder, Dimas Martín.
A los casos judiciales más conocidos que se investigan en el Archipiélago se suman otros que deambulan desde hace años por las salas judiciales, como el "caso Las Teresitas", el "caso Parque Marítimo", el "caso Faycán", el "caso Teror", el "caso Los Tarajales" y la operación "Góndola", entre otros.
El caso más sonado
Ha sido la operación "Unión", precisamente, la última y más sonada intervención contra la supuesta corrupción urbanística. Dirigida por el juez César Romero Pamparacuatro, se produjo en Lanzarote durante el mes de mayo pasado y en ella fueron detenidos cargos públicos, funcionarios, empresarios e intermediarios de Lanzarote implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales.
Entre otros, fueron arrestados Ubaldo Becerra, que en el momento de la detención era teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arrecife y concejal del Plan General de Ordenación Urbana; José Miguel Rodríguez, concejal de Urbanismo y Economía y Hacienda; Matías Curbelo, miembro destacado del PIL; José Francisco Reyes, ex alcalde de Arrecife y concejal en la oposición del PNL; Alfredo Rodríguez, jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife y militante socialista; y Elena Martín, jefa de Contratación del Consistorio de Arrecife.
Además, y como cabecilla de la trama, se acusó Dimas Martín, líder histórico del PIL, que ya cumplía condena en la cárcel desde 2006 por un delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social en la gestión del Complejo Agroindustrial de Teguise.
Otro de los nombres que con mayor fuerza se ha escuchado en la esfera judicial y política ha sido el denominado "caso salmón". En él se vieron implicados, por un presunto delito de cohecho y cooperación necesaria, el presidente del PP de Canarias y vicepresidente del Gobierno regional, José Manuel Soria, y por un presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos el diputado regional y secretario general del PP canario, Manuel Fernández.
Se investigaba en este caso si había habido sobornos al líder del PP -cuando éste era presidente del Cabildo de Gran Canaria- por parte de un empresario al que la Corporación insular otorgó una licencia para construir 3.600 camas turísticas. Finalmente, la magistrada Margarita Varona archivó el caso.
El último de los tres más recientes líos judiciales relacionado con la corrupción urbanística se sitúa en el municipio tinerfeño de Arona. Allí, la instrucción judicial se salda de momento con al menos 34 imputados, entre los que figuran responsables políticos, entre ellos el alcalde, José Alberto González Reverón, funcionarios y personal laboral del ayuntamiento de la localidad, entre otros.
Todos ellos se reparten imputaciones de más de 70 presuntos delitos que abarcan desde la prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, hasta falsedad documental, omisión del deber de denunciar y cooperación necesaria en delitos como el cohecho.
Además, y como parte del sumario de esta investigación se ha conocido una supuesta conversación del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, con el alcalde de Arona en la que, supuestamente, el primero solicita un trato de favor para una sobrina en unas oposiciones a la Policía Local de esta localidad del sur de Tenerife.
Monocultivo del turismo
Sobre estas investigaciones judiciales se manifiesta el representante de la dirección de Izquierda Unida (IU) en Tenerife, Miguel Ángel Pérez, quien relaciona los citados casos de supuesta corrupción a las "necesidades" de infraestructuras para el monocultivo del turismo bajo el que han crecido, especialmente, los municipios sureños de las dos islas capitalinas y de Lanzarote y Fuerteventura.
Considera Pérez que esta circunstancia ha propiciado que "desde el poder" se haya intentado sacar alguna rentabilidad a ese crecimiento a través de los planes generales de ordenación urbana de los municipios.
No obstante, el responsable de IU aboga por hacer una lectura más global del problema. "El Ejecutivo regional es un gobierno que está determinado por un sistema electoral que condiciona la representación de otras formaciones distintas a CC, PP y PSOE, lo que motiva que en un momento o en otro estos partidos estén condicionados a pactar para estar en el gobierno".
"Este sistema electoral hace que las fuerzas políticas que pueden formar gobierno tengan que hacer la vista gorda, tapar, ocultar esos fenómenos de corrupción que han aparecido y que, evidentemente, se han ido incrementando", lamenta Pérez.
Según asegura el integrante de la Ejecutiva insular de IU, "en pocas autonomías hay una relación tan amistosa y afectiva entre lo que son los poderes políticos y lo que son poderes económicos". "En las Islas aparece un fenómeno que podríamos llamar caciquismo", sentencia.
Respecto a la supuesta impunidad con la que se ha actuado en Canarias, Miguel Ángel Pérez cree que las instituciones en las que están los supuestos corruptos han dedicado recursos de las propias administraciones para "asesorar, movilizar y presionar" a quienes deben tomar decisiones, esto es, los jueces.
"Hay unas inversiones institucionales para avalar con sus recursos el apoyo a las personas individuales que están acusados de corrupción", denuncia Pérez, quien sostiene que esto ha creado "una situación de estancamiento, no ya por la propia Justicia, sino también por la influencia de las administraciones".
"Desde ese punto de vista, parece que no existiera la separación de poderes", concluye.