gASCAN echa el cierre. Hace unos días se anunció su desmantelamiento en Las Palmas y el traslado de todo su personal a Tenerife. El poco que queda, claro; a lo sumo dos o tres personas, pues la empresa ya ha liquidado a casi toda la plantilla. Los que aún siguen pasarán al paro o a la jubilación a finales de este año, si antes no se ponen en marcha las obras del Puerto de Granadilla. Algo que no resultaba previsible, habida cuenta de que algunas decisiones del Tribunal Superior de Justicia de Canarias son de cumplimiento inmediato, mientras que la ejecución de otras se dilata en el tiempo. Verbigracia, la paralización del citado puerto en un caso, y la demolición de una galería comercial en La Laguna en otro. Me gustaría que alguien explicase alguna vez esta diferencia de criterios. Entre otros motivos porque desde pequeños nos han dicho hasta el cansancio que la justicia es igual para todos.

Supongo que la renuncia definitiva de Gascan, si finalmente llega a consumarse, es una buena noticia para los enemigos de la implantación del gas natural en Canarias. Un combustible fósil, eso nadie lo ha negado nunca, pero con capacidad para servir de puente entre la absoluta dependencia actual del petróleo y el advenimiento de energías alternativas que realmente lo sean. Las actuales no lo son. Dos y dos no son cinco, con independencia de que lo diga un señor subido a una caja predicando en un parque, o miles de manifestantes en las calles adyacentes. Las leyes de la física, y en especial aquellas por las que se rige la termodinámica, siguen sin ser democráticas. Qué se le va a hacer.

Cabe recordar que las acciones de Gascan pertenecen en un 42 por ciento a inversores locales. Endesa es propietaria del 47 por ciento, mientras que el resto (un 11 por ciento) está en manos de Sodecan; la empresa pública creada en su momento por el Gobierno de Canarias para la gasificación de las islas capitalinas. Según se ha publicado, el fin del negocio del gas en la isla redonda responde a las discrepancias que sus promotores han mantenido con el Cabildo y el Ayuntamiento de Agüimes cuyo alcalde, Antonio Morales, ha sido uno de los más arduos opositores a la ubicación en Arinaga de la planta de regasificación. A Gascan le quedaba, empero, la opción del polígono industrial de Granadilla. Ante la paralización de las obras, han decidido poner la fecha límite del 31 de diciembre. La cancelación definitiva del proyecto, si llega a consumarse, supone perder una subvención de 50 millones de euros de la Unión Europea. Gascan ha invertido en estos casi diez años otros 15 millones.

Buenas noticias, como digo, para quienes se han opuesto al proyecto. Discutible proyecto, sin duda, pero marcado desde el primer momento por la cerrazón de unos -casi todos ellos siempre tienen la mesa puesta porque cobran un sueldo intocable del Estado-, y la cobardía de unos políticos, más pendientes de un puñado de votos que les garanticen otros cuatro años de emolumentos actualizables, coche oficial y dietas varias, que de no sumir a dos islas en la miseria energética de aquí a diez años. Que descorchen Champaña los vencedores, pero conviene que en medio del jolgorio no olviden lo que en realidad están celebrando: la ruina de muchas familias y la hipoteca energética de casi dos millones de personas.