La UD Fuerteventura hizo llegar ayer a los medios de comunicación la denuncia presentada el pasado 27 de julio contra la Comisión Mixta, que cuatro días después informó del descenso por morosidad del club majorero. Si éste se inscribe en Tecrera, la plaza que deja vacante en Segunda B será ocupada por el filial del Tenerife. La entidad verdilla denuncia, según se lee, "un claro delito de coacción en relación con la utilización de documentos mercantiles con firma falsa".

Manuel Magdalena, presidente del club verdillo, estima que los contratos presentados por los jugadores ante la Asociación de Futbolistas Españoles no llevan la verdadera firma del anterior máximo responsable del club, Pedro Lafuente, y así se lo hizo saber al sindicato con el fin de aplazar o retrasar una decisión sobre el posible descenso administrativo del club, que luego se consumó.

La denuncia presentada por Manuel Magdalena es "contra los componentes de la Comisión Mixta, formada por representantes de la Federación Española de Fútbol, de los clubes de Segunda B y de la AFE", según se lee.

En los hechos denunciados, se advierte que, según la Comisión Mixta, la UD Fuerteventura "adeuda a los jugadores la cantidad de 853.566,04 euros correspondientes a las temporadas 2007-2008 y 2008-2009". En la misma se recoge que el pasado 20 de julio, dentro del plazo legal de alegaciones ante el sindicato, el club presentó una auditoría oficial de cuentas de ambos ejercicios "donde se probaba, sin ningún género de dudas, que los contratos en los que se basaban los jugadores tenían la firma del anterior presidente ''manifiestamente falsa'', en palabras del auditor".

"Ante estos hechos de relevancia penal", continúa la denuncia, "la Comisión Mixta nos dice de palabra que no aceptan la auditoría por ser de parte y porque las reclamaciones que el auditor señala que están sub iudice, no les conciernen, porque, dan a entender, que su potestad está por encima de los jueces y tribunales".

La UD Fuerteventura también recrimina en su denuncia que la AFE no aceptara la posibilidad de aportar más pruebas, como la declaración de Pedro Lafuente "para que advere su firma".

La Comisión Mixta rebajó la deuda 26.531 euros, dejando en 827.035,04 euros la cantidad que debía pagar la UD Fuerteventura antes del 31 de julio para poder seguir en Segunda División B.

La UD Fuerteventura considera, en la denuncia, que "la conducta de la Comisión Mixta está totalmente tipificada penalmente, al obligarnos a aceptar unos contratos manifiestamente falsos y penalizándonos si no los aceptamos con la exclusión de las competiciones oficiales".

El club majorero solicita al juzgado de guardia que se admita la denuncia y que la RFEF informe de la identidad de los componentes de la Comisión Mixta, con el fin de que se les tomé declaración sobre los hechos denunciados a efectos de esclarecer responsabilidades penales. Igualmente, suplica al juez su intervención para que la parte denunciada "no tome acciones ilegales contra el club por no aceptar las evidentes coacciones denunciadas".