El viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido, ha instado a la Dirección General de Costas a que retire los recursos interpuestos en contra de otros acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) referidos a diferentes tramos del litoral canario "para terminar de una vez una larga situación de incertidumbre para los vecinos afectados", exhortando al Estado a que "no siga ignorando, total y absolutamente, la información acreditada, además de por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y por la Audiencia Nacional, por el máximo órgano competente en materia de planeamiento urbanístico de Canarias".

El responsable autonómico se pronunció así tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que da la razón al acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que reconoce como urbanos los núcleos costeros de El Tablado, La Caleta, Punta Prieta y La Puente, en el municipio tinerfeño de Güímar.

A este respecto, Pulido ha manifestado que la realidad demuestra "la actitud intransigente, de permanente tutela y de desprecio absoluto no sólo al marco competencial que tiene esta Comunidad Autónoma, sino lo que es más importante, se coloca en contra de los intereses de los ciudadanos, pretendiendo imponer a toda costa una servidumbre que, además de ser contraria al ordenamiento jurídico, es a todas luces un desprecio absoluto a los intereses de centenares de familias que tienen su única vivienda en estas zonas del litoral y que las vienen disfrutando desde hace muchísimo tiempo".

Asimismo, el viceconsejero reiteró su satisfacción por la reciente decisión del TSJC sobre el litoral de Agache "porque responde al compromiso adquirido con estos vecinos de Güímar, y desde ya esta gente podrá tener la seguridad de que se garantiza el futuro de sus viviendas", y recordó a este respecto que "no se está hablando de chabolas construidas en la zona de dominio público marítimo-terrestre, sino de viviendas construidas más allá de la servidumbre de 20 metros, muchas de ellas con licencias urbanísticas y en un entorno urbano con calles asfaltadas, aceras, alumbrado público, abastecimiento de agua y saneamiento".

Para Miguel Ángel Pulido, "tenemos que defender la dignidad y no ceder ante la actitud prepotente que suele caracterizar las decisiones tomadas desde Madrid, por unos señores que desconocen la realidad de esta tierra".

En 2007 la Cotmac instó a la Dirección General de Costas a que modificara la anchura de la zona de servidumbre de protección del dominio marítimo-terrestre al límite interior (más próximo al mar) de los citados asentamientos del litoral de Agache, procediendo a su declaración como áreas urbanas a los efectos previstos en la Ley de Costas, e hizo lo propio con Igueste de San Andrés, Almáciga, Roque de Las Bodegas y Tachero, y el litoral del Parque Rural de Anaga (en Tenerife), así como con el Golfo y La Santa (en Lanzarote), ya que, a juicio de la Comisión, contaban con las características de consolidación por la edificación y por la urbanización propias del suelo urbano con anterioridad al 29 de julio de 1988, momento de entrada en vigor de la Ley de Costas.