El Parlamento canario modificó hoy la ley de la Policía Canaria -con la oposición del PSC por su "despilfarro"- lo que para el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, implica el cierre de cualquier tipo de pendencia con el Ejecutivo central respecto a su posible inconstitucionalidad.
Las modificaciones fueron aprobadas por 23 votos en contra del grupo Socialista y 32 a favor de Coalición Canaria y Partido Popular, que a su vez rechazaron una enmienda del PSC, que entendía que las reformas afectan a otras dos leyes, la de las policías locales y la del sistema canario de seguridad y emergencias.
El consejero José Miguel Ruano argumentó que los cambios introducidos en la ley de la Policía Canaria, aprobada en mayo de 2008, obedecen a la lealtad institucional y la voluntad de cooperación y son "expresión del acuerdo" entre Estado y Comunidad Autónoma en este aspecto.
De esta forma "se cierra un proceso" con un texto que ya no es recurrible "ante ninguna vía", puesto que las modificaciones están pactadas con el Gobierno central.
Este proceso comenzó en julio de 2008 cuando el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, expresó su disconformidad en cuanto a que de la colaboración de la policía canaria con las fuerzas estatales de seguridad se puede deducir que éstas realizan su función de forma insuficiente.
Por ello se creó una comisión bilateral para evitar un posible recurso de inconstitucionalidad y se avanzó en la resolución de estos asuntos hasta llegar a un acuerdo formal entre ambas partes que se plasmó en febrero de 2009, dijo el consejero Ruano.
Con las modificaciones se suprimen las referencias "específicas" a las que aludía Rubalcaba, lo que según Ruano no significa que no pueda haber colaboración entre la policía canaria y las estatales, y también se elimina la alusión a la policía "judicial".
"Estas modificaciones representan un avance que hace posible el encuentro con el Estado en un tema vital para Canarias como es la seguridad y otras son cuestiones meramente técnicas de redacción que no alteran la ley de 2008", apuntó el consejero.
Esas otras modificaciones se refieren al acceso a la jefatura del cuerpo general de la Policía Canaria por parte de funcionarios de la escala superior y la promoción interna para los subinspectores por el sistema de concurso oposición.
También se sitúa en 32 años la edad límite de acceso para los miembros de la policía canaria y se regulan los cursos para la promoción interna de los agentes.
El diputado Socialista Francisco Hernández Spínola afirmó que estas modificaciones no son "cosméticas", pues afectan a la supresión de la colaboración de la policía canaria con las estatales en materias como la vigilancia del litoral, el control de explosivos, la inmigración irregular, el campo fiscal y las empresas de seguridad.
A juicio de Hernández Spínola, el Gobierno canario intenta "disfrazar" estas cuestiones como un mero acuerdo interpretativo y de paso aprovecha para realizar "otros retoques".
Reiteró que el PSC mantiene su posición "de total rechazo" a la policía canaria porque "ni es el momento ni es una prioridad política, social o económica en un momento de especial dificultad para las arcas de la Comunidad Autónoma".
Hernández Spínola expresó su convicción de que en este asunto el PSC "sintoniza" con la mayoría del pueblo canario, que ve la policía canaria "como un sinsentido y un despilfarro".
También negó que haya consenso con el Ministerio del Interior respecto a la policía autonómica, afirmó que la seguridad en Canarias está garantizada y consideró que se debe afrontar económicamente este asunto con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, el consejero José Miguel Ruano aseguró que ha asistido reiteradamente a acusaciones, tergiversaciones y frivolidades en torno a la policía canaria por parte del PSC, que dice "una cosa aquí y otra allí", y subrayó "el objetivo claro" del Gobierno regional de "reforzar" la seguridad de la población canaria y sus visitantes.
Por ello advirtió de que el Gobierno canario no va a entrar "en polémicas estériles" sobre los índices de criminalidad, reiteró que desde la responsabilidad se han "incardinado" sus propuestas "con seriedad, respeto y acuerdo" con el Ministerio del Interior y por ello Canarias seguirá adelante con su proyecto policial.
"Hasta ahora no hemos parado en el proceso de implantación", aunque se ha demorado el plazo en cinco años por la situación económica, dijo Ruano, quien lamentó que el grupo Socialista siga "haciendo gala de que está ajeno, ensimismado y aislado en su política".
El Gobierno regional espera que en 10 o 12 años haya unos 1.700 efectivos de la policía canaria, y mientras se ha previsto que este mes culmine la oposición para elegir a los primeros 50, que comenzarán en septiembre un curso de 1.500 horas para ejercer su función policial "con absoluta garantía".
Paralelamente se convocará el concurso para otros 50 efectivos que harán un curso de adaptación de 150 horas en la Academia Canaria de Seguridad.