La gestión que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Arona sigue en entredicho debido a la presunta trama de corrupción urbanística que se destapó desde hace ya más de dos años, con lo que se ha llamado "caso Arona".
La tranquilidad que había en el ayuntamiento hasta enero de 2007 se vería alterada cuando la Fiscalía Anticorrupción presentaba una querella contra la Junta de Gobierno del pasado mandato, es decir, la del período comprendido entre 2003 y 2007 por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio.
En aquellas fechas, a raíz de un pacto de gobierno, la Alcaldía la ostentaba el nacionalista José Alberto González Reverón, que a día de hoy sigue manteniendo este mismo cargo, pero ahora con mayoría absoluta.
La adopción de unos 300 acuerdos, entre enero de 2004 y noviembre de 2006, y que consistían en la concesión de alrededor 200 licencias urbanísticas, que supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad de los servicios jurídicos y de la propia Secretaría fue el principio de la denuncia que presentaría la Fiscalía.
A estos expedientes se suman otros 80 referidos a contrataciones con informes, al parecer, contrarios del departamento de Intervención del Ayuntamiento aronero.
La Fiscalía tiene conocimiento de toda esta situación porque el portavoz del Grupo Municipal Socialista tanto en el pasado mandato como en éste, Francisco García Santamaría, comunica todos estos hechos de presunta corrupción, lo que sucedió en noviembre de 2006.
La denuncia llega al Palacio de Justicia de Arona y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7, cuyo titular es Nelson Díaz Frías, comienza su investigación y que ha derivado, después de dos más de dos años, en nuevas imputaciones a cargos del actual gobierno municipal. Además, de representantes de la Cámara de Comercio.
21 de marzo de 2007.- Efectivos de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento sureño para recabar la documentación que requería el magistrado Nelson Díaz Frías, sobre los asuntos denunciados por la Fiscalía.
7 de mayo de 2007.- Tan sólo 20 días antes de las elecciones, José Alberto González fue el primero en acudir ante el juez a declarar en calidad de imputado por los presuntos delitos de prevaricación y de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio. Ese mismo día declaró Manuel Barrios (CAN), entonces concejal de Urbanismo. En los días sucesivos, hasta el 10 de mayo, lo hicieron los restantes integrantes de la Junta de Gobierno Local del mandato anterior: Daniel Martín (CAN), Félix Sierra (PP), Juan José Alayón (CC), Alfonso Barroso (CC), Sebastián Martín (CC) y José Luis González (CAN).
18 de octubre de 2007.- La maraña que Díaz Frías está desenredando también ha requerido la colaboración de funcionarios municipales. Hasta entonces, todo seguía sujeto a las interpretaciones políticas y de los técnicos especializados.
27 noviembre de 2007.- El juez Nelson Díaz ordenó a la Guardia Civil que le localicen a los representantes legales de diez empresas dedicadas a la construcción y otras actividades, entre las que se encuentran algunas tan conocidas como Gomasper y Marichal Inversiones del Sur, así como a algunos trabajadores municipales, entre los que se menciona a Roberto de Luis Jiménez y Eliseo de la Rosa González.
18 de diciembre de 2007.- La funcionaria Manuela Melo, adscrita al área de Urbanismo, acudió ese día ante el juez porque no pudo hacerlo en su momento. La declaración de esta testigo pasó inadvertida debido a que por la tarde del martes José Ramón Ansorena, de la empresa Proguito S.L., habló y aportó documentación y grabación a Nelson Díaz Frías. Lo que contenían esas aportaciones motivó que el magistrado considerara que había "nuevos hechos delictivos" por los que, esa misma tarde, ordenó y se produjeron las primeras dos detenciones del "caso Arona": Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal que fue acusado de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias; y Arsenio Zamora, empresario acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión, considerándole como "cooperador necesario" para la presunta comisión de los dos primeros delitos que le imputan. Ese día, el juez declara el secreto del sumario y los detenidos entraron en prisión el 21 de diciembre.
20 de diciembre de 2007.- El Pleno de Arona, con los votos a favor de CC y PP, aprueba utilizar fondos públicos para pagar la defensa de los ocho concejales y ex concejales imputados en el "caso Arona", si bien quien resulte condenado tendrá que devolver el importe de tal defensa al consistorio.
14 de febrero de 2008.- Roberto de Luis, aparejador municipal, y Zenón Rodríguez, arquitecto particular, son detenidos por presunto cohecho y tráfico de influencias, aunque al primero se le añade el supuesto delito de prevaricación. De la Rosa ingresó en prisión sin fianza al día siguiente, mientras que el representante legal de Rodríguez depositó el sábado, día 16, los 80.000 euros en que fue fijada su fianza y salió de la cárcel, si bien ambos volvieron a comparecer ante el juez un día antes.
11 de abril de 2008.- El abogado Felipe campos, a título personal, presenta en el Juzgado de Guardia de Arona la ampliación de las denuncias del "caso Arona". El letrado aporta otras 52 que, a su juicio, son "presuntamente delictivas" y que fueron otorgadas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007. La peculiaridad es que 42 fueron concedidas por la Junta de Gobierno Local anterior y las restantes por la del mandato actual.
Noviembre-diciembre 2008.- El redactor del Plan General de Ordenación (PGO), Jorge Coderch, según el contenido de un documento que lo constata, afirmó a un colectivo vecinal que en el planeamiento "hay muchas cosas incluidas porque se las pidió el gobierno municipal", de lo que dijo tener constancia escrita. Además, en el mismo documento aseguraba que el "99 por ciento de la gestión urbanística es ilegal".
29 de junio de 2009.- El juez instructor del caso decide levantar el secreto del sumario y se desvela que dos altos cargos de la Cámara de Comercio figuran entre los 28 imputados, que son Pedro González Santiago y Vicente Dorta Antequera, quienes están acusados de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, igual que el abogado Carlos Enrique Morales. Asimismo, al alcalde, José Alberto González Reverón, se le añaden otros dos presuntos delitos más: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juez Díaz Frías también decide imputar a cuatro nuevos concejales del actual gobierno nacionalista, concretamente a Antonio Sosa, Clara María Pérez, María Candelaria Padrón y Manuel Reverón. Además, mantiene imputado al edil del PP y consejero delegado del Sur del Cabildo de Tenerife, Félix Sierra. Las diligencias abiertas actualmente son muchas y su estudio darán más resultados tras las investigaciones oportunas.