LA UNIVERSIDAD se encuentra envuelta en un conjunto de avatares sociopolíticos y económicos que afectarán muy de cerca los derechos laborales del profesorado universitario. El reordenamiento de la educación superior para homologar las universidades españolas con las europeas, la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador y la Ley de las Ciencias constituyen algunos de los componentes que habría que tener en cuenta desde una perspectiva sindical y desde el desarrollo articulado de la negociación colectiva.

Todo ello se enmarca en un momento de crisis económica mundial de efectos sincrónicos. Existe el riesgo de que las tensiones que ya se han iniciado en diversos sectores laborales de la economía privada se extiendan al ámbito público en los próximos tiempos. Las cuantiosas sumas de dinero que se han inyectado a los bancos y servicios financieros provocarán tarde o temprano el recorte en las finanzas estatales y, en consecuencia, en los servicios públicos, como es el caso de la educación.

Desde el sindicalismo se vislumbra una perspectiva de potencial amenaza contra el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque no han sido los sueldos de éstos ni sus mejoras laborales lo que ha ocasionado la crisis financiera que ha desencadenado la crisis de la economía real. Como todos sabemos, tales problemas los han originado en un sector de la economía privada, amparados en una visión neoliberal y desreguladora que ha presidido el mundo actual. Ahora demandan de manera oportunista el modelo keynesiano para que sea el dinero público el que arregle sus veleidades.

Las presiones que se derivan de todo esto amenazan ostensiblemente a la profesión docente en cuanto a seguridad, satisfacción laboral, promoción, formación permanente y capacidad para negociar sus derechos, lo cual los deja sin las herramientas eficaces para afrontar las complejidades consustanciales a los cambios en materia de educación.

Un instrumento fundamental para la mejora de las condiciones laborales y preservar lo conseguido hasta ahora, base primordial para que se garantice el incremento de la calidad de la educación superior, es el Estatuto del PDI. Siendo una tarea política del gobierno que debería estar concluida desde el 2008, por el contrario se desarrolla de una manera lenta y dificultosa. Las expectativas frustradas sistemáticamente podrían llegar a deteriorar el clima de diálogo social, como la fórmula más adecuada de avanzar conjunta y constructivamente en dicho proceso en un contexto como el actual. Si bien no nos encontramos ni mucho menos en una situación de desastre, podríamos llegar a estarlo si se prolonga el impasse y la ambigüedad por parte del Ministerio. El nuevo equipo de Gabilondo podría inaugurar una nueva etapa que se caracterice por la búsqueda de soluciones y respuestas adecuadas a las demandas de los sindicatos representados en la mesa sectorial.

La política explicitada hasta el momento por la administración para promover la investigación universitaria, concretada en el borrador de la Ley de la Ciencia, parece que lo que busca realmente es desalojar esta actividad del ámbito público y trasvasarla a iniciativas del sector privado. Por el contrario, lo que se debería plantear como cuestión fundamental es una regulación que articule la ciencia y la transfiera a la sociedad desde la propia universidad que lidera el 60% de la investigación que se realiza en España.

Junto a todo lo anterior aparecen diversas cuestiones, como podrían ser las numerosas irregularidades de la ANECA que crean verdaderas situaciones de injusticia e indefensión en el profesorado afectado; las medidas financieras necesarias para favorecer la movilidad y eliminar las barreras a la misma; la situación de los TEUs, CEUs y otros colectivos; la carrera docente y concretamente la carrera horizontal; la jornada laboral; la inclusión en las Leyes de Presupuestos de las CC.AA y de las corporaciones locales del cumplimiento de los artículos recogidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 respecto a las pagas extraordinarias; el derecho a la negociación y autoevaluación de los criterios de acceso y promoción; la implantación del carácter uniforme en el conjunto de las universidades del régimen retributivo y el traspaso de competencias a las CC.AA. en esta materia, para poder negociar en éstas aspectos vinculados a las retribuciones básicas, como puede ser la homologación, y no exclusivamente aquellas reguladas por criterios evaluadores, etc. En estas cuestiones, que no podemos desarrollar ampliamente por cuestiones de espacio, remitimos a los lectores de la web de la FE de CC.OO., donde podrán encontrar un amplio historial de la política desarrollada por nuestro sindicato al respecto.

Bolonia aparece en esta situación de una manera desdibujada y sin posicionamientos políticos absolutamente claros. No se ha sabido o no se ha querido explicar hasta el momento cómo se va a producir dicha integración desde la perspectiva de las condiciones laborales en que se va a ubicar el profesorado para el desarrollo de sus tareas y responsabilidades. Desde nuestro punto de vista esto tiene mucho que ver con las propuestas que CC.OO. ha venido presentado en la negociación del Estatuto del PDI. Es decir, articular la negociación colectiva, diseñar la estructura profesional, definir las funciones, estructurar la carrera profesional, retribuciones, derechos y deberes, jornada, selección, etc.

Las elecciones que se celebrarán el próximo día 21 para conformar la Junta de Personal Docente e Investigador en la Universidad de La Laguna se producen en este escenario singular. Llevar adelante iniciativas conducentes a generar una cultura negociadora para el logro de acuerdos factibles que den respuesta a las demandas originadas por la situación anteriormente descrita, se convierte en algo prioritario desde una perspectiva sindical. Hemos negociado en el periodo que ahora se agota iniciativas que han comportado mejoras importantes en las condiciones laborales y económicas del profesorado de la ULL (complementos retributivos, consolidación de 3.000 euros, prórroga hasta finales del 2011); iniciativas como el plan de prejubilaciones presentado en el 2006 y sobre el cual seguimos trabajando; apoyo decidido a los profesores afectados por las transformaciones automáticas LRU; implicación en la problemática de los TEUs., etc. Ahora, es necesario promover las cuestiones que han quedado pendientes y señalar las nuevas perspectivas reivindicativas que surgen en el contexto emergente descrito anteriormente.

* Sección Sindical de CC.OO. de la Universidad de La Laguna