El presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, José Manuel Soria, ha anunciado hoy que su formación está ultimando una querella criminal contra la jefa superior de Policía de Canarias, Concepción De Vega, y el periodista que, según él, estuvo presente durante la declaración policial del denunciante del Grupo Europa, una pieza separada del ''Caso Faycán'' de Telde (Gran Canaria), Francisco José Benítez Cambreleng. Además, a título personal, el también vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno autónomo adelantó que tomará medidas judiciales este último.
"Tuve conocimiento de la comisión de distintos hechos graves, a tenor de lo que mi abogado me comentó. Por tanto, en ese mismo momento di instrucciones para que desde el PP se prepararan actuaciones judiciales encaminadas al esclarecimiento e investigación total de los hechos y a la solicitud de responsabilidades si las hubiere", aseguró Soria en un acto público en la capital grancanaria a raíz de la polémica generada por las grabaciones a Benítez Cambreleng en la revista ''Época''.
Afirmó que "está prácticamente ultimada una querella criminal del PP dirigida a la jefa Superior de Policía de Canarias, Concepción De Vega, y al periodista que, supuestamente, participó directamente en la toma de una declaración policial que no sólo se comunicó que redactaba, sino que corregía y metía de su propio puño y letra algunas afirmaciones".
Además, Soria explicó que ha dado instrucciones a su abogado para que prepare actuaciones judiciales, a título personal, "frente a las gravísimas y absolutamente sin ningún tipo de fundamento" afirmaciones que durante las últimas horas se han hecho sobre el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda canario.
Estas querellas se presentarán en base a la supuesta participación de un periodista en una declaración policial, "no sólo estando, sino redactando y metiendo correcciones y modificaciones en la misma". "Y todo ello --prosiguió-- con consentimiento, cuando no patrocinio, según se nos relató directamente en más de una ocasión, por parte de quien hoy es la jefa superior de Policía de Canarias y entonces era la segunda de a bordo".
Soria quiso añadir que tiene plena confianza en los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, e hizo especial hincapié en que no tiene ni la más mínima queja respecto a su comportamiento, su actitud y su profesionalidad, algo que no quita para que si el PP ve una actuación desviada de la legalidad deban denunciarlo ante las instancias judiciales adecuadas. "En un Estado de Derecho no vale utilizar lo que son instituciones fundamentales del Estado para fines que no están previstos", dijo.
También indicó que en las islas "suceden cosas anómalas por parte de los mandos policiales" y recordó que durante su declaración del pasado mes de noviembre presentó una documentación bancaria que previamente había solicitado a sus bancos y que cuando la aportó, se encargó a la Brigada de Policía Judicial que verificara la veracidad de las operaciones incluidas en la documentación.
"Quiero decir que 5 meses después de investigación se concluye en un informe policial con cuestiones que son profunda y claramente falsas --en relación a que en dicho informe se le imputó tener una tarjeta de crédito que Soria afirma que nunca tuvo--. Es más, puse esto en conocimiento de la señora magistrada e, incluso, solicité que compareciera como testigo el autor material de ese informe", explicó en relación a las "anomalías" que tienen lugar en las islas.
Cuestionado sobre la denuncia presentada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), el presidente del PP relató que llamó personalmente a la Secretaría del SUP para decirles que vieran el contenido del informe donde se le imputaba la pertenencia de una tarjeta de crédito que Soria asegura que nunca tuvo.
Así, explicó que desde el SUP le indicaron que nunca hubieran hecho ese informe pero que el sindicato tiene que defender a sus miembros. "Ninguna objeción --dijo--, pero que se sepa de lo que estamos hablando".
Por su parte, el SUP presentó una denuncia en la Secretaría de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, y la presidenta de este partido en Gran Canaria, María Australia Navarro, por acusar a la Policía de "falsear informes y datos" en la investigación del ''caso salmón'' "por orden de sus superiores".