"Todo el sistema montado a partir de las directrices de ordenación del suelo turístico ha fracasado al no conseguirse la rehabilitación pretendida inicialmente". Así lo dejaron patente ayer los ponentes del módulo de Turismo del I Congreso Canario de Derecho Urbanístico, quienes coincidieron en señalar que la nueva Ley de Medidas Urgentes se centra sólo en determinados establecimientos turísticos, no define lo que es una planta obsoleta y obvia los establecimientos turísticos ilegales en el Archipiélago, cifrados en 150.000.
Según Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, sigue sin tenerse claro, diez años después, "cómo se debe ordenar el suelo turístico" en Canarias, ya que la Ley de Directrices del Turismo que se ha aplicado durante este tiempo ha demostrado "no llegar a ningún lado" y la recién aprobada Ley de Medidas Urgentes es provisional y sigue sin actuar sobre los "hoteles irregulares".
Tanto Villar como el arquitecto Jorge Cordech sostuvieron que se ha actuado incorrectamente en materia turística durante estos años, lo que evidencia que "el sistema sigue sin funcionar", según Cordech, porque ha volcado en las directrices "objetivos demasiado ambiciosos y alejados de la realidad", y por falta de voluntad política", lo que ha provocado el bloqueo de algunos planes insulares. Por este motivo, el experto aboga por actuar con recomendaciones y se muestra contrario a la aplicación de directrices, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora.
Emilio Risueño, gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, afirmó que, a pesar de sus defectos, la Ley de Medidas Urgentes es una "ley necesaria" para abordar la reforma del suelo urbanístico y modifica algunas disfunciones, pero adolece de "una falta total de sistemática".