El Grupo Socialista del Cabildo de Tenerife presentará hoy en el registro de la Corporación insular un recurso de reposición contra la encomienda de gestión a las empresas Transportes Interurbanos de Tenerife SA (Titsa) y Metropolitano de Tenerife SA (MTSA) para la creación del proyecto Moviten que supondrá la creación de un billete único intermodal y la segmentación de la oferta de transporte público, tal y como acordó la Corporación insular.

A juicio del PSC, el punto aprobado en el Consejo de Gobierno por el que se les encomendaba a ambas empresas la constitución de Moviten, su funcionamiento, financiación y selección del socio privado, contraviene el artículo 24.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, puesto que MTSA no es una empresa con carácter instrumental, es decir, con el cien por cien de su capital público, como sí lo es Titsa.

Para los socialistas "algo tan importante como la política tarifaria del transporte público no quedaría bajo el control del Cabildo, sino bajo el control de una empresa privada con la mayor parte de su capital público como es MTSA". Según este planteamiento, el Cabildo no podría encomendar los trabajos para la constitución de Moviten a una empresa que no tendría por qué seguir a rajatabla la Ley de Contratos del Sector Público. "Este acuerdo único es una ilegalidad porque no pueden existir encomiendas de gestión a MTSA al no ser una empresa con carácter instrumental y donde, además, el Cabildo asumiría el coste de los trabajos", esgrimen desde el PSC. Asimismo, este punto ya ha sido puesto en conocimiento del secretario de la Corporación insular, José Antonio Duque.

Para el Grupo Socialista sólo la compañía Titsa puede implantar las políticas de billética del transporte público porque es una empresa totalmente pública y "está claro que va a defender el interés público", mientras que en el caso de MTSA "los socios privados van a sacar su rentabilidad, algo que es totalmente lógico".

Esta supuesta encomienda de gestión ilegal se enmarca dentro de la preocupación general del PSC por lo que entienden como un excesivo interés del Cabildo en descentralizar y privatizar un gran número de estudios y trabajos, lo que hurta a la oposición la capacidad de fiscalizar las actuaciones del Grupo de Gobierno.

Así, explican que mediante la creación de empresas mixtas con parte de su capital privado se producen casos como el del ITER, en donde no existe representación pública proporcional a los resultados electorales, y de la que los socialistas dicen no saber nada de su gestión.