Gobernantes que tiran con pólvora ajena

... Las leyes deberían fijar algún tipo de responsabilidad aplicable a los gobernantes cuya ineptitud ocasionase daños pecuniarios graves al común. Porque las acciones delictivas o irresponsables ya están castigadas por el Código Penal, pero no las que se derivan del mal gobierno, bien sea por desconocimiento profesional, interés partidista y otras muchas causas que no cabe considerar como falta o delito. Si no, ¿de qué manera resarcir al erario de, por ejemplo, las cuantiosas indemnizaciones que se pagan a las empresas hoteleras en Canarias perjudicadas por la llamada ley de moratoria de 2001, bajo el Gobierno de Román Rodríguez? Con la sentencia que obliga al actual Ejecutivo a pagar 41,5 millones de euros a Dehesa de Jandía, que se vio imposibilitada en su día de crear complejos que sumaban dos mil camas hoteleras en terrenos adecuados para ello y con la licencia correspondiente, son ya varios cientos de millones los que salen de las arcas públicas para arreglar los estropicios causados en su día por una serie de gobernantes, a la vista está que incompetentes. Y encima algunos de ellos siguen en activo.

... El caso es similar -aunque está resultando mucho más costoso, pues todavía quedan sentencias pendientes- al de la expropiación de inmuebles anexos al Parlamento de Canarias para ampliar sus dependencias. En este caso, la norma que lo hizo posible fue declarada inconstitucional. ¿Pero cómo es posible tanta incompetencia? ¿O estamos ante algo peor, es decir, ante decisiones llevadas adelante por terquedad política a sabiendas de que existía una alta probabilidad de que fueran echadas abajo por los tribunales, quizás en un futuro en el que sus protagonistas ya hubieran dejado la escena pública? Por otra parte, ¿no sería justo pedir responsabilidades también a los asesores de semejantes engendros jurídicos? ¿Están blindados, como sus jefes? ¿Pueden alegar que sus dictámenes contrarios fueron ignorados en su día?

... En todo caso, alguna figura jurídica debería poner coto a tanto desmán como cometen los gobernantes con el dinero público. De esa manera, los políticos aficionados a tirar con pólvora ajena se lo pensarían dos veces antes de cometer estos desafueros que ahora nos salen tan caros a todos. Como mínimo, debería inhabilitárseles para ostentar cargos públicos donde se manejaran fondos. Desde luego, si los autores de leyes como la de moratoria turística o la de expropiación para ampliar el Parlamento canario hubieran hecho eso en el sector privado y hubieran causado pérdidas tan cuantiosas a sus empresas, habrían ido derechos al paro.