El Tribunal Supremo ha determinado que el Gobierno canario deberá abonar alrededor de 400.000 euros de indemnización a los cinco profesores de religión de Las Palmas de Gran Canaria que fueron despedidos en septiembre de 2008 "por pertenecer a un sindicato".
Así lo explicó ayer el representante del sindicato Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), Rafael Ramírez, quien destacó que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Canarias como el Supremo "han reconocido que el único motivo por el que se ha despedido a estos trabajadores es por defender sus derechos laborales y que esas actuaciones van en contra de la Constitución".
El dirigente sindical recordó que existe una "orden del Ministerio de Administraciones Públicas ante la crisis que comunica a las administraciones que, en caso de despido improcedente, opten por la readmisión más que por la indemnización, pero la Consejería, a pesar de lo cuantiosa que son las indemnizaciones, está por la labor de pagar".
Según Ramírez, la Consejería regional de Educación despidió a estos docentes alegando "ineptitud sobrevenida", pero ese argumento "es mentira" ya que "la normativa vigente reconoce que estos profesores sí tienen la titulación válida para impartir clases de religión".
"Se ha echado a seis profesores porque dicen que no tienen la titulación válida, cuando en la actualidad hay otros que tienen igual nivel académico y titulación que los despedidos y no les han echado. La diferencia es que los despedidos son afiliados a la CCT", apostilló.
Para el portavoz del sindicato, la razón de los despidos estriba en que los afectados han estado detrás de varios actos reivindicativos de la unión sindical como un encierro en la Consejería en 1999 y una huelga indefinida en 2000.