La hora de los cambios

¿Qué se puede pensar de un país donde una "ministra de igualdad" jura su cargo delante de un venerable monarca cuya sucesión al trono mantiene restricciones al acceso de las mujeres? ¿Qué legitimidad tiene esa ministra para hablar de políticas de igualdad e imponérselas al resto de los ciudadanos?

Reformar la Constitución de 1978 es una necesidad clamorosa. Y no sólo porque haya que hacer pespuntes para encajar una figura profundamente antidemocrática -la monarquía- en un régimen democrático, sino porque es necesario actualizar la realidad de un Estado cuyo funcionamiento requiere de profundos reajustes legales.

Hace unas semanas, Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional y secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, señalaba en un artículo publicado en el diario El País que "los españoles vivimos en un Estado de tipo federal sin cultura federal", en alusión a la necesaria reforma del Senado, modificación que además debe recogerse constitucionalmente. Y tiene mucha razón -aun más si hablamos de Canarias- en cuanto a la falta de cultural federal, sobre todo, desde las altas instancias políticas que el propio Caamaño representa. La federalización de España es un debate que los propios socialistas y populares han tratado con excesiva indolencia en las últimas décadas, de manera que un debate superado en otros territorios europeos todavía tiene en España que reactivarse -la dictadura franquista anuló un proceso, caótico, abierto a comienzos del siglo XX que bebía de las fuentes del convulso XIX que clausuró la época de grandeza colonial española- y ser, de verdad, una cuestión de Estado.

Lo he dicho en otras ocasiones y la realidad me viene dando la razón. Madrid, como palabra que recoge el "centro" político de la administración española, está preparando una negociación con las nacionalidades históricas y con las comunidades más fuertes del Estado. Si la Constitución de 1978 se construyó sobre razones ideológicas y territoriales (se pactó con las izquierdas y con los catalanes y vascos), la reforma que se prevé para comienzos del siglo XXI se está realizando por la puerta de atrás y con los mismos protagonistas; aquellos que con más fuerzas pueden influir en la vida política de los burócratas madrileños.

Hasta ahora, la última negociación de la financiación autonómica lo ha dejado claro, el federalismo de facto se aplica a Cataluña o País Vasco principalmente, pero curiosamente, últimamente se ha aplicado a otras comunidades "no históricas" como Andalucía o Madrid. Es decir, que el trato de tú a tú -no recogido legalmente, por supuesto- se pone de manifiesto con unas comunidades frente a otras a las que simplemente se trata como organizaciones territoriales subordinadas al Estado. Por eso, entre otras cosas, hay que reformar la Constitución, porque las comunidades, en este caso a través de la Cámara Alta, necesitan un espacio de poder político para negociar de tú a tú con el Estado sin discriminaciones, como ocurre en la actualidad.

Canarias ha sido entendida históricamente tanto dentro como fuera de España como un territorio singular, como una realidad aparte. Para cualquiera medianamente sensato es fácil de entender que la vida para dos millones de europeos en un archipiélago como el nuestro, situado a tanta distancia del continente, no puede entenderse en los mismos términos que los que se aplican a quienes viven en territorio continental. Por eso mismo, Bruselas ha considerado para estas Islas medidas tan excepcionales como las que se han venido aplicando a un territorio ultraperiférico.

No es el caso de Madrid. Para los políticos que se sientan en el corazón administrativo y político del Estado, Canarias es algo lejano que preocupa y ocupa bastante poco. Son más relevantes los votos que Cataluña o País Vasco o Madrid o Andalucía aportan a la gobernabilidad del Estado, o lo que es lo mismo, a que un líder político pueda contar con los apoyos suficientes como para gobernar. Cuando he escuchado hablar de la creación de una minoría andaluza entre los diputados del PSOE (que intentan emular el ejemplo del grupo catalán del Partido Socialista de Cataluña en el Congreso) he echado de menos, lo digo con sorna, alguna palabra de los socialistas canarios que abandonaron todo compromiso con estas Islas para abrazar una fidelidad y un servilismo político con Madrid que aún hoy sigo sin entender.

La reforma Constitucional se está fraguando de espaldas a Canarias. Es una evidencia. Y lo que es peor. Ni siquiera en Canarias, los principales grupos políticos se han planteado sentarse para determinar entre todos aquello que debemos pactar para conseguir en el nuevo texto constitucional para las Islas. Porque por encima de diferencias ideológicas y adscripciones políticas, todos somos canarios y deberíamos defender algunas verdades esenciales que pueden cambiar la historia de las Islas.

Cuando se trabajó en la redacción del texto de la Constitución de 1978 la gente no sabía que aquellas palabras escritas en un papel, que aquellas reglas, iban a marcar su vida durante las décadas posteriores. Lo hizo. Y lo hizo para bien. España ha progresado y se ha desarrollado, además de por otros muchos factores, gracias a la inteligencia y la grandeza de quienes supieron hacer una Constitución que nos permitió convivir a unos y a otros, distintos y distantes, dentro de unas mismas reglas de juego. Ahora, otra vez, personas que tienen la certeza de que ha llegado la hora de cambiar la Constitución están pactando ese cambio. ¿Y nosotros? No estamos. Están quienes tienen la fuerza de los votos en sus comunidades, el poder económico, la tradición de "pueblos históricos". Están todos, pero no estamos nosotros. Y lo que es peor, no existen las condiciones ni la coyuntura para que se cuente con nosotros porque ni siquiera en el ámbito de Canarias existe la sensibilidad, la preocupación y la unidad de criterios necesaria para afrontar con una estrategia común, una estrategia de todos sea cual sea su adscripción política, para el bien de las Islas.

En esa renovada Constitución, el Archipiélago debería tener reconocida la condición de territorio ultraperiférico tal y como ya nos considera la Unión Europea, con un paquete de medidas excepcionales que trasladen esa realidad al marco normativo. Necesitamos más competencias dentro del marco constitucional y en la legislación básica. Y necesitamos, esta vez con el conjunto de las comunidades, que el Senado se convierta de una forma decisiva en una cámara de los territorios donde cristalice una estructura auténticamente federal del Estado.

Treinta años después -como en la novela de Dumas- nuestro sistema necesita de serios ajustes. Lo que me preocupa es que esos ajustes se están realizando ahora mismo sin que los canarios estemos ahí para expresar nuestras necesidades, nuestras esperanzas y nuestros deseos. Si vuelve a pactarse una Constitución de espaldas a Canarias, habremos perdido una segunda oportunidad histórica de hacer ver que esta tierra es distinta, profundamente distinta, y que no hay peor injusticia que tratar iguales a los desiguales. De poco me consuela pensar que si se nos ignora nuevamente, tal vez en el pecado resida la penitencia y esta tierra acabe hartándose, con el paso de los años, del olvido a que viene siendo sometida. Porque en el camino se habrán agotado tantas oportunidades, tantas esperanzas y tantas vidas. Y porque no es necesario. Si los canarios de uno y otro lado nos pusiéramos de acuerdo en esas verdades esenciales, en esos hechos históricos que deben estar en la nueva Constitución, habríamos dado un paso de gigante para que se nos escuchara, desde la unidad, desde la certeza de que Canarias es algo más, mucho más, de lo que nos dice la Constitución actual.

* Alcalde de Santa Cruz de Tenerife y diputado en el Parlamento de Canarias