COLPISA, Madrid
Catorce años. Este el tiempo que ha tardado la justicia en dirimir las responsabilidades penales por un delito de falsedad documental cometido en la adjudicación de las obras del AVE Madrid-Sevilla. El Tribunal Supremo cerró ayer la travesía procesal con la condena a la antigua coordinadora de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, y a su esposo, Miguel Molledo, a seis meses de cárcel y una multa de 1.200 euros.
Así lo acordó la Sala Penal del alto tribunal en una sentencia en la que estima los recursos interpuestos por el PP y el fiscal contra la resolución dictada en junio de 2006 por la Audiencia de Madrid, que había absuelto a ambos condenados. En cambio, los magistrados decidieron dejar en libertad sin cargos a otros condenados por falsedad documental, entre ellos los antiguos dirigentes de la empresa Siemens en España, Francisco Francés y Mario Huete, al considerar que había prescrito el delito.
El Supremo mantiene el resto de criterios de la Audiencia, en los que habían resultado absueltos el ex ministro socialista Julián García Valverde, el director de Compras y Mantenimiento de Renfe, Leopoldo Iglesias, el ex administrador de Filesa, Luis Oliveró, y el ex responsable de Siemens España Juan José Chinchilla. La sentencia rechaza los motivos presentados por la defensa del PP en lo que se refiere a que los hechos probados podrían haber formado parte de una presunta financiación irregular del PSOE.
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