Santa Cruz de Tenerife
LA MEDIA COLUMNA FRANCISCO AYALA

¿Ley de Derechos Humanos o Ley de Costas?

10/oct/08 7:17 AM
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TENGO que empezar por decir que este comentario iba a tener otro título y otro contenido. Quería dedicarlo al Día Mayor de las Fiestas Lustrales de la Virgen de Guadalupe, cuya función religiosa he visto en una magnífica retransmisión televisiva de TVE, que me ha emocionado, no sólo por la brillante ceremonia, sino porque en aquella iglesia fuimos bautizados mi mujer y yo, así como casados mis padres, y durante mi infancia pasé muchas horas, tratando de ayudar en menesteres eclesiásticos al inolvidable párroco don Jacinto Caballero, quien ofició en los actos citados. Pero escribir sobre eso lo dejo para otra ocasión porque tengo mucha memoria histórica que exponer, ya que la tengo recuperada desde siempre. Hoy no puedo, porque a flor de piel tengo la tremenda indignación que me ha dejado la retransmisión para toda España y extranjero que han hecho, con todo detalle, que hayan visto, TVE y Tele 5, aunque puede que haya sido más emisoras, de los inhumanos actos de desalojo y derribo de las casas del barrio costero de Cho Vito, en el término municipal de Candelaria.

El desalojo y demolición de las viviendas estaba previsto para el lunes, pero la autoridad judicial lo retrasó un día, posiblemente esperando que los ocupantes de los inmuebles depusieran su intención de presentar resistencia a la fuerza pública. Y el espectáculo fue increíblemente inenarrable: mujeres llorando y gritando de pena o de dolor, porque los agentes del orden las sacaban de las casas apartando enseres que estaban allí o pusieron como obstáculos; discusiones; hombres apartados en brazos y con movimientos inevitablemente violentos... Inmediatamente entraron en acción los "bulldosers", que destrozaban en un momento las construcciones, mientras aumentaban el tumulto y se escuchaban más gritos y más llantos.

Que yo sepa, esas familias violentamente desalojadas no tenían otra casa o ninguna clase de refugio para alojarse. Tampoco sé si les permitieron permanecer, con sus enseres en el mismo terreno del que fueron desalojados porque legalmente no les pertenecía. En cuanto a la autoridad civil, autoridad judicial y Fuerzas de Seguridad, podía presentarse un problema de objeción de conciencia, como el alcalde que se negó a unir en matrimonio a dos hombres homosexuales. Si un servidor fuera autoridad judicial, hubiera dimitido, que es la única forma de no cumplir lo ordenado por la autoridad civil, pero hubiera puesto otro juez. O sea, no hubiera conseguido prácticamente nada, y para mí, penas como echar a una familia de su vivienda y dejarla en la calle es, en la mayoría de los países civilizados, cometer un delito contra los derechos humanos.