Santa Cruz de Tenerife
ÁNGEL RIPOLLÉS BAUTISTA

La información y el honor

5/oct/08 7:32 AM
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DADA LA PUBLICIDAD actual sobre derechos constitucionales algunas veces desconocidos, conviene recordar la doctrina sobre tales derechos que la Constitución atribuye como fundamentales de la persona y a los que, por lo mismo, dispensa una cualificada tutela, los derechos a la información y al honor conforman, quizá, el ámbito de los más elaborados en el desarrollo constitucional.

La razón de ello nos parece obvia. En efecto, se ha dicho certeramente que sin información no hay formación, y siendo esta la mayor garantía de una pacífica convivencia social, parece natural que todo esfuerzo en este sentido sea aplausable.

De otra parte, el honor no puede quedar limitado a una teórica adscripción al patrimonio del alma como dijera el clásico, sino que al constituir el más augusto bien de la personalidad, reclama constante y exquisita atención.

Pero, al mismo tiempo, resulta evidente que en el campo de estos dos fundamentales y primarios derechos se plantean, con indeseable frecuencia, importantes conflictos, que en ocasiones alcanzan una lamentable virulencia. Sin duda, los mayores y más clamorosos atentados contra el honor provienen del mundo de la comunicación escrita, y aún de la oral.

De ahí que quisiéramos aportar, a través de esta breve reflexión, una modesta colaboración al armónico desarrollo y ejercicio de estos inalienables derechos, patrimonio del ciudadano, en afán de la consecución de la paz.

Y, en este sentido, quizás, fuera oportuno precisar los conceptos de honor y honra. No es baladí la cuestión, pues aunque no pudiera resultar extraño, la honra se nos presenta socialmente trascendido, y por tanto, como el honor mismo, en su aspecto jurídicamente relevante.

La sede del honor está instalada en la esfera de la dignidad de la persona y se expande y diversifica en dos planos, bien diferenciados. En uno de ellos el honor equivale a la proyección de la costumbre virtuosa, por lo que, en este ámbito de la dignidad moral, aparece implícitamente un juicio de valor sobre el comportamiento.

En otro plano, puede afirmarse que todo ser humano es titular de honor, el cual se proyecta en la sociedad de su entorno, implicando la mutua y recíproca confianza en las relaciones sociales.

Por eso, la trascendencia social del honor, lo que le confiere relevancia jurídica, es justamente la honra, que se convierte así en el verdadero objeto del derecho, el cual, de modo reflejo, tutela el bien jurídico constituido por el honor.

Es esta elemental explicitación conviene destacar que la honra no puede ni debe confundirse ni equipararse con la reputación o la fama, puesto que estos conceptos son producto de la opinión.

Por su parte, el derecho a la información, asimismo consagrado con el texto de la Constitución como derecho fundamental, podríamos presentarlo como un derecho humano, universal en el aspecto subjetivo y general en el aspecto objetivo.

Y resulta obvio que al correlacionar ambos derechos hemos de plantearnos la cuestión partiendo de la premisa de que ninguno de ellos debe prevalecer sobre el otro de modo absoluto. En realidad, lo que ocurre es que cada uno de ellos cede siempre algo para que el otro pueda desplegar su eficacia protectora de la persona de la que son ambos preciado patrimonio.

Más, decíamos que el encuentro de los referidos derechos fundamentales está atravesando una etapa de gran conflictividad. Basta leer la prensa escrita para constatarlo.

De ahí que haya de imponerse una reflexión a la hora de garantizar el ejercicio del derecho a la información, de suerte que en modo alguno pueda materializarse un ataque a la honra, expresión socializada del honor.

O defendemos a ultranza la llamada teoría de los límites, en cuya virtud la protección contra el ataque a la honra implica excluir del objeto del derecho a la información la materia que conforma aquel atentado, esto es la honra y su entorno. Pero al mismo tiempo, nos preocupa un extremo que por una desmesurada hipervaloración, del hipotético derecho a la verdad absoluta, pueda sufrir mutaciones irreversibles al ámbito de la "exceptio veritatis", luminosa institución perfilada por una secular interpretación de nuestros tribunales y que constituye el más firme y seguro valladar ante las conductas irresponsables.