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El "chaplón" más caro

Una sentencia, ratificada por un decreto del concejal Norberto Plasencia, determina que el Ayuntamiento de Santa Cruz debe indemnizar a la vecina de Valleseco María del Carmen Bermúdez con 22.742 euros, más los intereses, por la caída que sufrió tras ser retirados sin previo aviso unos escalones para hacer una obra.
J.D. MÉNDEZ, S/C de Tenerife
3/ago/08 1:19 AM
Edición impresa

A María del Carmen Bermúdez González todo el mundo en su barrio, Valleseco, la conoce por "Maruca". Esta vecina del número 6 de la calle Ramón Bota lleva un tiempo esperando para cobrar del Ayuntamiento de Santa Cruz una indemnización de 22.742 euros, en concreto desde la sentencia que dictó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 el pasado 14 de diciembre de 2007. "Maruca" sufrió una caída en noviembre de 2004, presentó un recurso y el juez le dio la razón.

Después de la sentencia, un decreto firmado por el concejal de Infraestructuras y Obras, Norberto Plasencia, el pasado 8 de abril, ratifica que hay que pagarle ese dinero a la afectada, quien dice que "si hay dinero para otras cosas también lo habrá para pagarme a mí, que llevo esperando ya cerca de cuatro años". Incluso, el abogado de la denunciante podría llegar a plantearse la posibilidad de embargar las cuentas municipales.

Esta historia se remonta a la mañana del 26 de noviembre de 2004 cuando "Maruca", en torno a las 10:00 horas sufrió una caída al salir de su vivienda. La sentencia especifica que "...el motivo de la caída se debe a que fueron retirados unos escalones que había para acceder a la calle por unas obras que allí se estaban realizando sin haber sido debidamente informada la denunciante de dicha circunstancia. Tras la caída es trasladada en ambulancia al centro hospitalario Nuestra Señora de La Candelaria y se le diagnostica en principio un esguince de tobillo".

Añade el escrito que "las lesiones padecidas conllevaron a un tratamiento médico y rehabilitador desde el 26 de noviembre de 2004 hasta el 13 de junio de 2005, fecha en la que se le concedió el alta médica con secuelas, remitiéndose a tales efectos el informe médico del facultativo especializado en Traumatología (aquí aparece el nombre del médico). De los 200 días de tratamiento, 77 fueron impeditivos y los 123 restantes no impeditivos. Asimismo se solicita una indemnización por las secuelas padecidas conforme al informe efectuado por el mismo facultativo en la cuantía total de 22 puntos equivalentes a 13.826,57 euros, así como los gastos derivados de taxis y del fisioterapeuta".

Responsabilidad.- El juez señala que "de conformidad con lo señalado en los fundamentos de derecho, y habiendo quedado acreditada la existencia de un daño que reúne los requisitos señalados en la legislación de aplicación determinante de la responsabilidad patrimonial de la Administración, habida cuenta de que los daños se produjeron cabalmente como consecuencia directa e inmediata de haber retirado sin previo aviso a la recurrente el escalón, siendo así que estamos en presencia del funcionamiento de un servicio público, ha de ser estimado en su integridad el recurso interpuesto, debiéndose proceder por la entidad demandada (Ayuntamiento de Santa Cruz) a la reparación del daño producido".

Sentencia firme.- El magistrado condenó al Ayuntamiento de Santa Cruz a abonar la cantidad de 22.742 euros, más los intereses legales desde la fecha de su reclamación por los daños sufridos. A esa cantidad hay que sumarle, según señala el fallo, el 20% anual en concepto de intereses desde la fecha de la caída.

El pasado 8 de abril, el concejal de Infraestructuras y Obras, Norberto Plasencia, firmaba un decreto en el cual reconocía la responsabilidad patrimonial de la administración, siguiendo la línea de la sentencia. El escrito respondía a una diligencia del Juzgado de 26 de febrero de 2008 en la cual se notificaba al ayuntamiento que la sentencia era firme y había que ejecutarla "a puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo". El concejal indica en este documento de hace casi cuatro meses lo siguiente: "Procédase a abonar a la reclamante la cantidad, más los intereses legales. Dése traslado del expediente a la Intervención delegada de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a fin de que por ésta se tramite el procedimiento en orden a hacer efectivo el abono de la cantidad". Han pasado ya cuatro meses, y cuanto más demora más habrá que pagar luego. Y es dinero público, o sea, de todos.