EFE, Madrid
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del pasado viernes un real decreto por el que crea la Agencia Estatal de Meteorología, que nace de la transformación del Instituto Nacional de Meteorología (INM), que durante más de 140 años ha sido el responsable oficial de la prestación de servicios meteorológicos en España.
La creación de esta agencia se produce al amparo de la Ley de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos de 18 de julio de 2006, y su cometido es el desarrollo, la implantación y la prestación de los servicios meteorológicos que son competencia del Estado.
Además, apoyará el ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, con lo que se contribuye a la seguridad de bienes y personas, y al bienestar y el desarrollo sostenible de la sociedad.
Para ejercer su misión, la Agencia recibe todo el patrimonio humano y material del antiguo INM, que durante los últimos años ha estado adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, y sigue asumiendo todas las responsabilidades y desarrollando todas las tareas que este organismo tenía a su cargo.
Por otra parte, la transformación que conlleva su paso a agencia supone una mayor autonomía y flexibilidad en su gestión, lo que dará lugar a una mejora de su eficiencia, al mismo tiempo que una prestación de servicios de mayor calidad a la sociedad española, según el Gobierno.
La nueva personalidad jurídica permitirá una mayor agilidad de la gestión de los servicios demandados por la sociedad y los sectores claves de la economía española, así como una mayor capacidad de cumplimiento de los requisitos fijados en la normativa comunitaria del Cielo Único Europeo.
El gobierno de la Agencia corresponderá al presidente y al Consejo rector de la misma.
Este consejo estará integrado, entre otros, por representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y Cooperación, Administraciones Públicas y Economía y Hacienda, así como por dos representantes de los empleados de la misma.
El Consejo estará asesorado por una comisión científica que propondrá estrategias, proyectos y programas de investigación y desarrollo. También las administraciones territoriales podrán estar representadas en aquellas sesiones del Consejo rector cuando sea aconsejable su presencia para una mejor ponderación de algunos acuerdos y decisiones.
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