EL GOBIERNO de Canarias tiene el firme propósito de impulsar la implantación de la policía autonómica. El argumento lanzado por el responsable de esta área en el Ejecutivo es el de que "más policías es igual a más seguridad". Si esa pretende ser la justificación del enorme esfuerzo económico que este proyecto conlleva mal vamos, bajo mi modesto punto de vista.
La seguridad ciudadana no se logra únicamente con una mayor presencia policial. Se consigue a través del cierre de los tres vértices de un triángulo en el que, además de dicha presencia, exista una actuación judicial que apoye y estimule la anterior. De nada sirve que se detenga a los delincuentes, si éstos son puestos en libertad a continuación por una justicia timorata. No puede ser que haya reincidentes múltiples en la calle, o peligrosos maleantes, o maltratadores en espera de un juicio que puede retrasarse durante años. Quizás en lugar de invertir más en policía, haría falta hacerlo en personal de la Administración de Justicia y en dotar a ésta de los medios suficientes para hacerla ágil y eficaz.
Pero además de policía y prontitud judicial, es precisa una contundente acción preventiva. Muchos de los que ahora cometen delitos han sido antes menores en situación de riesgo o de protección. Baste decir que, aproximadamente, el 80 por ciento de los menores de reforma, aquellos sujetos a medidas judiciales de internamiento en centros específicos, lo han sido antes de protección, tutelados por nuestro gobierno autónomo y atendidos en instalaciones dependientes de los cabildos insulares.
Un gran número de los delincuentes que hoy saturan nuestras cárceles parten de situaciones de desestructuración familiar, malos tratos, fracaso escolar, drogadicción, u otras similares. Son los servicios sociales de los ayuntamientos los que deben detectar esos casos e intervenir decididamente. No es de recibo que algunos de esos menores estén durante años en situación de riesgo, sin que se hayan buscado soluciones a la problemática particular que presentan, mientras germina la semilla de la exclusión social y la marginalidad.
Consiguientemente, no es verdad que a más policía, más seguridad, a no ser que se quiera convertir a Canarias en una sociedad reprimida policialmente. Quizás, todo pasaría por que el enorme costo que va a suponer este proyecto se redirigiese hacia la potenciación de los servicios sociales municipales, por un lado, y hacia una mayor cobertura de las policías locales, por otro, como pretendía el proyecto primigenio de policía autonómica.
Todos los estudios de opinión en materia de seguridad reflejan bien a las claras que lo que más valoran los ciudadanos es lo que les queda más próximo, o sea, la policía local, y si es de barrio, mejor. Son los que conocen mejor las características de cada zona y a sus vecinos, son, en definitiva, quienes pueden ayudar mejor que nadie a que los restantes cuerpos y fuerzas de seguridad hagan su labor más eficazmente a través de una adecuada coordinación y suma de esfuerzos.
El sentido común dicta que tres, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional, pueden coordinarse mejor que cuatro, si a ellos les sumamos la policía autonómica, como pretende nuestro Ejecutivo. No obstante, a veces, el sentido común suele ser el menos común de los sentidos.
* Secretario de Acción Sectorial del CCN
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