Veinte familias se sienten estafadas y pueden perder su casa y 700.000 euros

ÁLVARO MORALES, Pto. Cruz

Estafados, "sin anestesia" ni muchas esperanzas, aunque en continua lucha legal desde hace años. Así se sienten los miembros de veinte familias que, desde 2002 y hasta 2006, fueron invirtiendo para adquirir una de las veinte viviendas que construía la empresa Promociones Urbanísticas de Canarias en la urbanización Mirador de Tacoronte, en la calle Pedro Felipe de este municipio. Tras un largo y variopinto proceso legal, las casas saldrán a subasta pública el próximo jueves en el juzgado de La Laguna si alguien no lo remedia antes. El representante legal de la promotora, Juan Luis Hourcade, se mostró ayer convencido de que aún se puede evitar esa salida, pero algunos de los afectados dejaron claro que no lo creen y dan por hecho que perderán el dinero invertido y los inmuebles que concibieron como su futuro hogar.

Hourcade, que se encontraba ayer por la tarde en Madrid, admite que los compradores tienen razón y que su promotora vive ahora una situación precaria, "aunque no está en quiebra, pues tenemos más activos que pasivos". Según su relato, todo se debe a que "el constructor encargado de las obras, J. M. L. A., no invirtió en las casas todo el dinero. Primero se marchó a Brasil. Luego, por medio de un familiar, supimos que había regresado y que se encontraba en el Norte de Tenerife, pero perdimos la pista hasta que, ayer, al conocer que se publicaría la información, investigué y supe que está de nuevo en la Isla tras fallecer su padre, aunque no sé dónde exactamente".

El representante legal asegura que este constructor "dejó en la estacada otros tres proyectos en ejecución en otras zonas de la Isla". Según sus datos, esta constructora cobró "unos 2,5 millones de euros de la entidad prestamista, CajaMadrid. Además, se le abonaron otros 500.000 euros para terminar las obras y otros 270.000 que no se usaron en los trabajos". Asegura que los trabajadores dependientes de esta compañía no cobraron y que el proyecto ha supuesto una inversión global de 5 millones de euros.

"Los compradores, que, insisto, tienen razón, aunque han querido llevar todo por la vía procesal y de forma muy contundente, en vez de negociar han invertido y, por tanto, están en riesgo unos 700.000 euros. Eso sí, confío en que antes del jueves logremos un acuerdo con uno de los inversores interesados y se evite la subasta, que surge porque CajaMadrid reclama los 2,6 millones que puso en la promoción, a lo que habría que añadir intereses y costas". Recalca que no quieren sacar beneficio de una operación "que ya es catastrófica, sino evitar la subasta y negociar con los dueños para que recuperen su dinero".

"No le creo nada"

La visión de C. B. C., una de las afectadas, es muy distinta. Le reprocha a Hourcade que, desde 2002, cuando compró, "nunca se haya pasado por Tenerife, ni siquiera por los procesos legales", algo que niega el representante, que señala que ha estado muchas veces, pero que no creía necesario ir a procesos "en los que sé que los denunciantes tienen razón, como éste".

Bello, por su parte, dice que no le cree "ni una palabra" y se muestra convencida de que habrá subasta, perderán sus casas y el dinero invertido, en su caso 30.000 euros más otros 3.000 por hacer parte de la cocina. Además, cree que los que adquieran las viviendas en la subasta harán un gran negocio, "ya que están casi terminadas y, por ejemplo, la mía la compré en 2002 por 150.000 euros y CajaMadrid me la ha tasado ahora en 300.000".

Si la subasta se lleva a cabo, las viviendas tendrán el jueves un precio de salida de 170.000 euros.