Santa Cruz admite que tendrá que ejecutar la sentencia de Las Teresitas

N.M./J.D.M., S/C de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife admite que tendrá que ejecutar la sentencia por la que el Tribunal Supremo anuló la operación de compra de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas y, de hecho, en ello trabajan sus servicios jurídicos, que estudian dos posibles estrategias.

Así lo admitió ayer el coordinador de Servicios Generales del Ayuntamiento, Manuel Parejo, que indicó que los juristas de la corporación tienen como límite temporal para ejecutar la sentencia el 4 de agosto, cuando el ayuntamiento considera que finalizan los dos meses de plazo que le otorga la ley para hacerlo, pese a que los demandantes han defendido que debería hacerlo antes del 16 de julio porque fue ese día cuando se notificó la sentencia.

Si bien Parejo no adelantó las líneas en las que se basará dicha ejecución, fuentes de la corporación explicaron que la estrategia que estudian los servicios jurídicos son dos: solicitar al Supremo una aclaración de sentencia que haga más explícita su decisión o bien anular directamente la operación de compra a Inversiones Las Teresitas SL.

Segunda opción

Esta segunda opción obligaría al Ayuntamiento a exigir a los empresarios la restitución del dinero que se pagó por los terrenos, que ascendió a 52,59 millones de euros y, a cambio, éste debería devolver las parcelas, una posibilidad que lleva aparejada una nueva complicación, ya que, según defiende la Fiscalía en la querella que dio paso al denominado "caso Las Teresitas", una parte nada despreciable de esos terrenos no serían objeto de devolución puesto que se trataría de dominio público.

Una vez recuperadas las parcelas, además, los empresarios se enfrentarían a otro problema y es que el planeamiento vigente en el municipio ha imposibilitado la construcción en la zona.

Sin embargo, la primera opción, la de pedir al Supremo que aclare la sentencia que dictó, permitiría al ayuntamiento ganar tiempo.

Repercusiones

Fuentes jurídicas solventes consultadas por este periódico explicaron que la ejecución o no por parte de la corporación de la sentencia del Supremo no es ajena a la instrucción penal del "caso Las Teresitas", ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias podría entender que, tal y como mantiene la Fiscalía, existe por parte de la corporación un interés ajeno al interés público, lo que no redundaría precisamente en beneficio de los imputados.