Una treintena de municipios cierran sus mandatos sin adaptar los PGO

N.M., S/C de Tenerife

A pesar de lo que se ha avanzado en los últimos años, Canarias cerrará la legislatura con buena parte de los planeamientos municipales sin adaptar a las dos normas básicas que establecen los criterios territoriales en el Archipiélago y que se aprobaron hace ya un buen número de años, en 2001 y en 2003. Frente a un objetivo marcado por el Gobierno de que 77 de los 87 municipios se adaptaran a lo largo de estos cuatro años, apenas entre 57 y 60 lo habrán hecho cuando se celebren las elecciones el próximo domingo. Pese a ello, el Ejecutivo dice que hay "80 muy avanzados y sólo cuatro o cinco municipios están realmente retrasados" en sus obligaciones.

Los que van más adelantados son Santa Cruz de Tenerife, Fuencaliente y Breña Alta. Al menos los planes de estos dos últimos estaba previsto que se vieran en la reunión que esta semana celebrará la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), aunque ayer aún no había recibido este organismo la documentación. Otros como Arona, Icod de los Vinos y El Rosario vieron cómo sus PGO les eran devueltos para hacer correcciones, aunque su tramitación va también muy avanzada. Candelaria aprobó el suyo hace apenas días.

La Comunidad autónoma posee una de las legislaciones más restrictivas y complejas a nivel estatal basadas fundamentalmente en el decreto legislativo 1/2000 de Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así como en la Ley 19/2003 de Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, además de otros instrumentos de ordenación.

Los planeamientos de los municipios que datan de los años setenta y ochenta del siglo pasado obviamente no contemplaban las normas de estos instrumentos, de ahí la importancia de su adaptación, sin la cual se producen constantes interferencias a la hora de ordenar el suelo.

El Gobierno regional se había marcado como objetivo que al cierre de la legislatura al menos 77 de ellos tuvieran nuevos planeamientos en concordancia al menos con el decreto 1/2000, pero ya admite que sólo 60 cumplirán con él, tal y como explicó el director general de Urbanismo del Ejecutivo, Rafael Castellano, que achaca la situación a la cercanía de las elecciones, que lleva a los equipos de gobierno locales a dejar sobre la mesa las cuestiones del territorio para evitar críticas.

"Desgraciadamente, en esta etapa estos asuntos se paran, aunque son temas de interés general y, por tanto, deberían trascender a la lucha partidaria", explica para indicar que "se trata de aprobar las reglas del juego y es una irresponsabilidad utilizarlas como arma electoral".

Castellano contabiliza unos 60 planes generales que estarán adaptados al decreto 1/2000 antes de que acabe la legislatura frente a los 77 que se esperaba sacar adelante en marzo. La cifra es muy inferior en lo que se refiere a la adaptación a las directrices, que sólo cumplen una veintena de localidades de todo el Archipiélago. "Nosotros hemos hecho lo que estaba en nuestra mano -defiende-, hemos puesto todos los recursos a nuestro alcance, pero no hacemos los plenos municipales.