“El IASS me ha dado un cheque trampa”. De esta forma resume Cristina Sanz el desenlace de la relación que durante once meses mantuvo con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria. El origen de su caso se remonta a 2012, cuando se queda embarazada y decide iniciar una vida en común con el padre de su hijo en una relación que se vuelve tortuosa. Primero fueron malos tratos psicológicos, situación que derivó en agresión física, lo que justificó que hace once meses buscara el auxilio del Centro de Acogida Inmediata (CAI), de respuesta inmediata, y que luego se tornó en la prestación que el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA) se le ha concedido desde noviembre hasta el pasado día 22 de octubre. Ambos recursos corresponden a la red asistencial del Cabildo Insular de Tenerife.

El punto de inflexión en la vida de Cristina con el padre de su hijo ocurrió la víspera del 1 de julio de 2019, cuando le correspondía al progenitor tomar al menor para, en cumplimiento de la sentencia, disfrutar del mes de vacaciones con el niño, de 8 años. Ese día le entregó el pequeño a su padre, lo que dio paso a un deterioro de su salud mental que le llevó a ingresar durante quince días en el Hospital de La Candelaria. Justo cuando iba a salir, el personal sanitario que la atendía le comunicó que el padre de su hijo lo había dejado abandonado en una casa, situación de la que se percataron unos vecinos, que denunciaron los hechos a la policía, por lo que el pequeño pasó unos días en un Centro de Acogida Temporal de Menores, hasta que una hermana de Cristina, que vive en La Palma, se hizo cargo del niño.

En paralelo se activó el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), del Cabildo, que desde noviembre pasado ha acogido a Cristina. Primero en una casa, con doce habitaciones y, según esta usuaria, masificada, lo que provocó que no se respetara la asignación de una estancia por unidad familiar. “Había más mujeres que niños”, precisa. Junto a la casa, el servicio para mujeres víctimas de malos tratos cuenta también con un piso, con cuatro habitaciones, que resultó insuficiente, según la versión de Cristina.

La irrupción de la Covid-19, con la declaración del estado de alarma el 13 de marzo pasado, provocó que se multiplicara el número de mujeres víctimas de violencia de género que se acogieron desde entonces a los recursos del IASS, por lo que se habilitó un edificio en La Laguna, que tuvo que ser abandonado después de que sufriera un incendio. En su lugar, esta prestación se pudo realizar a través de cinco pisos tutelados de acogida para víctimas de violencia de género, aunque de forma desigual. “Unas quedaron en la casa, otra en pisos y se amplió la acogida con pensiones para dar cabida a la notable demanda”, cuenta.

“En los once meses que he estado acogida me han cambiado más de veinticinco veces de sitio” y, “salvo en el trato recibido por dos o tres personas, el resto deja mucho que desear”, añade. Esta víctima de violencia de género llega a asegurar que había horas marcadas para recibir la medicación y, algún día que llegó tarde, “no se la entregaron”. “Tampoco cuidaban mi dieta de alimentación: soy alérgica al atún y en dos oportunidades me lo sirvieron, poniendo en peligro mi vida si no me llego a dar cuenta”. Cristina es categórica al asegurar que su experiencia en el DEMA ha sido horrible, para precisar que “algunas compañeras han pensado que, para que me maltraten en este servicio, prefiero volver con mi maltratador”.

“De los once meses que estuve en el servicio insular, apenas tuve cinco reuniones con mi trabajador social; veíamos que otras chicas abandonaban el servicio y nos enterábamos de que era gracias a una ayuda que facilitaba el IMAS de un mes de alquiler y para los gastos básicos. Pregunté y me lo concedieron, pero de la noche a la mañana, porque en tres días me llamaron y tenía que dejar el servicio porque me habían concedido la ayuda del mes”, según su versión.

Natural de La Palma, en su época de estudiante se trasladó para cursar Arquitectura en Madrid, carrera que cambió por la licenciatura de Biología, lo que le ha permitido ganarse la vida dando clases particulares. En los últimos tiempos ha realizado un curso como auxiliar de la Marina Mercante. “Lo estaba finalizando, en medio de exámenes, cuando me dijeron que tenía que irme. Afortunadamente me concedieron una prórroga”.

Desde el 23 de octubre Cristina vive gracias a la ayuda del mes que le facilitó el IASS, mientras vive atenazada por qué pasará cuando tenga que dejar el hostal que contrató hasta el 27 de noviembre. “Esta situación afecta a otras compañeras que, ante la falta de ingresos para subsistir, piensan en volver con su maltratador”, advierte.