Una mujer de 62 años y su hijo de 35 –que presenta una discapacidad intelectual del 68%– viven en un vehículo en La Laguna después de que la vivienda social que les habían concedido fuese ocupada justo antes de que ellos pudieran acceder.

La afectada completó los trámites pertinentes; se dirigió al piso, que está ubicado en la carretera general de El Rosario, junto a un operario que le iba a instalar el baño, y en ese momento detectaron que ya había gente en el interior.

Lo habían ocupado pese a que existía una puerta antiocupas. Quienes entraron ilegalmente habían dejado sin casa a unas personas que la necesitaban y que reunían los requisitos sociales para hacer uso de ella. Era el remate a unos años de adversidades.

Desempleada

La afectada está desempleada y cobra el ingreso mínimo vital. Pide que no aparezca su nombre, pero quiere que lo que le ha ocurrido sea contado. «Esto ha sido muy fuerte», sintetiza sobre unos hechos que se produjeron el pasado mes de enero y que ponen de manifiesto lo rocambolesco de algunos casos de ocupación.

Ahora mismo, el problema se encuentra en vías de solución. Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) han actuado con diligencia para dar con otra vivienda para esta familia.

Incertidumbre

La afectada agradece el trato recibido por estas entidades y su personal técnico, pero también, y tras lo ocurrido previamente, dice sentir incertidumbre y sostiene que ella y sobre todo su hijo no pueden seguir más tiempo en la calle y pernoctando en el coche.

Preguntados por este periódico acerca de este episodio, desde Visocan explican que solicitaron al Icavi la adjudicación de una nueva vivienda tras producirse la ocupación de la primera.

Asimismo, pone de relieve que en este y en la totalidad de casos se realizan todas las comprobaciones pertinentes para que las viviendas sean disfrutadas por las personas que reúnen las condiciones para ello.