La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Laguna adjudicó ayer el servicio de grúas para los próximos cuatro años a la unión temporal de empresas (UTE) Eysa-Grúas Carballo por 2.091.832 euros, según apuntó el concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Marrero. Se trata de uno de los contratos que, además de por presentar un coste elevado, es de los más destacados del consistorio por su vinculación con la actualidad en los últimos años, debido al procedimiento judicial conocido como caso grúas.
Marrero, que es también el responsable local de Hacienda y Asuntos Económicos, indicó que la previsión es que el nuevo adjudicatario del oficialmente denominado Servicio de retirada e inmovilización de vehículos de la vía pública en el término municipal de San Cristóbal de La Laguna comience con su actividad a partir de febrero. Desde el 28 de ese mes hasta el 30 noviembre de 2021, el servicio tendrá un coste de 380.794 euros; entre el 1 diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022, 507.726 euros. Ese mismo importe se repetirá entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 de noviembre de 2023, así como entre el 1 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2024. Por su parte, serán 126.931 euros entre principios de diciembre de 2024 y el 27 de febrero de 2025.
El acuerdo al que este martes la Junta de Gobierno le dio el visto bueno incluye la incorporación de cuatro nuevos vehículos-grúa y la puesta a disposición de un solar o nave sin adscripción al referido servicio, con una capacidad de hasta 40 vehículos para trasladar coches abandonados en el supuesto de que el depósito municipal pueda verse colapsado. Asimismo, también se contempla en el documento un vehículo adicional y la elaboración e implantación de un plan de gestión medioambiental y de calidad.
Fue el pasado mes de marzo cuando se conoció la licitación del servicio. La por entonces concejala de Seguridad, Margarita Pena, señaló en aquella ocasión que es un contrato con una “inversión importante”, y manifestó que en el expediente se venía trabajando desde la incorporación del actual equipo de gobierno lagunero. “Lo que pasa es que estamos ante un expediente muy complejo y que lleva muchísima documentación administrativa y numerosos trámites, y se ha hecho en un tiempo razonablemente rápido”, indicó la exedil socialista, que actualmente es la delegada especial del Consorcio de la Zona Franca de Santa Cruz de Tenerife. “La última era una prórroga legal, pero ya se terminaban las posibilidades de seguir prorrogando”, expuso la antigua titular de Seguridad.
