Se trata del primer caso de infectado por el virus del ébola que ha sido repatriado a nuestro país. Un caso de gran interés social y que ha supuesto un coste de dinero público considerable. Ni el Ministerio de Sanidad ni la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han informado diariamente de los protocolos que se han seguido, ni de los tratamientos que se han llevado a cabo, ni de por qué se deterioró la salud del sacerdote infectado en los últimos días hasta provocarle la muerte. Las autoridades se escudan en que la falta de información médica se debe a que Miguel Pajares lo pidió expresamente.