El Tribunal de Cuentas condena a Ana Botella y 7 miembros de su equipo a pagar 25.700.000 euros. Considera que cometieron una negligencia grave, que vendieron 5.315 inmuebles de titularidad pública a fondos buitre por debajo del precio de mercado. Entre ellas, 1.860 viviendas de protección oficial.