Trece horas debatiendo una sentencia que tiene expectante hasta a la ministra de Hacienda. Y por lo que pueda pasar, Hacienda ya ha hecho un cálculo del impacto económico si el Supremo le da la razón al cliente y la retroactividad alcanza los últimos cuatro años. Un dinero que el Gobierno se encargaría de pedir a los bancos para que no afecte a las cuentas públicas. Las asociaciones de consumidores no creen que ahí esté el problema. Y en la espera, la incertidumbre se traslada a la Bolsa.
