España no pagará la defensa del juez Pablo Llarena en Bélgica "por los actos privados" que le atribuye una demanda del expresidente Carles Puigdemont y los exconsejeros huidos. El ministerio de Justicia asegura que el Estado español se personará en la causa abierta en Bélgica, pero para defender el sistema judicial español tras la demanda interpuesta por el expresidente catalán. En ningún caso asumirá la defensa de Llarena por sus manifestaciones privadas. Ante eso, el Gobierno no puede actuar, porque supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función.
