Duro varapalo del Tribunal Constitucional a la llamada amnistía fiscal que el gobierno del PP aprobó en 2012. La anula aunque eso no cambiará las cosas, no obligará a los defraudadores a pagar más de lo que ya pagaron en la regularización. La anula por la forma en que la aprobó el Gobierno, con un decreto ley, cuando afectaba a derechos que no se pueden modificar con un decreto. Pero es que, además, la sentencia no ahorra calificativos: considera que la amnistía fiscal supone "una abdicación del Estado" que debe preocuparse de que todos los ciudadanos contribuyan según les corresponde.
