El Gobierno recurría ante el Tribunal Constitucional los presupuestos de Cataluña. En concreto las partidas destinadas a la celebración del referéndum. La abogacía del Estado argumenta en un informe que ese referéndum es ilegal y que el gobierno catalán no puede celebrarlo. En el recurso se pide al Constitucional que notifique al presidente de la Generalitat con la advertencia de que si no obedece podrá incurrir en un delito.
