Los estibadores portuarios mantienen la presión al Gobierno, que hoy aprueba en el Consejo de Ministros el real decreto de liberalización en el sector de la estiba. El Ejecutivo viene obligado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, que dice que España incumple la normativa comunitaria porque no respeta la libertad de establecimiento y contratación en el sector. Y por la que "los españoles tendríamos que pagar de nuestro bolsillo millones y decenas de millones hasta que se produjera la aprobación del real decreto".