Manuel Chaves, José Antonio Griñán y tres exconsejeros, Viera, Moreno y Zarrías serán investigados por un juez del Tribunal Supremo. Todos son diputados o senadores, sus casos son los únicos de la trama de los ERE que se verán aquí. El Supremo divide definitivamente la causa, a instancias del fiscal, en contra de la opinión de Mercedes Alaya. Las pesquisas se centrarán en su responsabilidad en el reparto, presuntamente sin control, de hasta 885 millones de euros destinados a trabajadores y empresas, que en buena parte acabaron en manos de personas vinculadas a sindicatos y a la propia Junta de Andalucía. No se les señala por quedarse con nada, sí por su responsabilidad política.
