Al parecer la cúpula de UGT-A conocía las mordidas de las facturas según un hombre, que era tesorero del sindicato. El sumario creado por el juez es donde se refleja esta afirmación. El sindicato no decía a la junta los descuentos que los proveedores les hacían, ese descuento parece que servía para autofinanciarse. Pero al parecer esto es legal, ya que al parecer hay una cláusula en la Junta que así lo estipula. Pero la trampa la encontramos en esa misma cláusula, donde también se afirma que hay que justificar ese dinero.