Con la reciente aprobación del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana en España, la primera norma de ámbito estatal en vigor, son infracciones graves sancionadas con multas de hasta 30.000 euros, el ofrecimiento, negociación, solicitud y aceptación de la prostitución en lugares próximos a zonas de menores, así como en espacios que puedan resultar peligrosos para la circulación de vehículos. Tanto quienes la ejercen como quien la contrata serán perseguidos. Paralelamente los municipios tienen competencias para aplicar sus propias ordenanzas. En la actualidad, hay una veintena de municipios con políticas prohibitivas muy contestadas por el colectivo, y finalmente de escasa efectividad porque la tarea asistencial, también recogida en las ordenanzas, no suele aplicarse. Tampoco se les ofrece alternativa para no ejercer en la calle. En Madrid, próximas ordenanzas de convivencia que se aprobarán en 2014, consideran infracción leve con multa de hasta con 750 euros contratar prostitución
