El Gobierno quiere poner freno a los escraches frente a los domicilios de los políticos o evitar manifestaciones como la del 25S a golpe de sanción. Habrá multas de hasta 600.000 euros (cinco veces el valor de una vivienda media en España), con el fin de proteger a los ciudadanos y preservar el orden público. Es lo que defiende el portavoz popular Alfonso Alonso, frente al rechazo del resto de grupos, que critican los 55 artículos del proyecto de ley.