La Ley obliga a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes a traspasar los servicios sociales a las comunidades autónomas . los alcaldes afectados se quejan de que se quedan sin competencias, porque además se traspasa el servicio, pero no la dotación económica. Hay ediles que apoyan la ley, consideran que las arcas municipales son ya demasiado exigüas, como para seguir sobrecargándolas más.
