Los responsables del área de Sanidad de los gobiernos de Andalucía, Cataluña y País Vasco han criticado la propuesta del ministerio de excluir más de 450 fármacos de uso común de la financiación pública. La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, echa de menos un "criterio profesional" para la elección de los medicamentos y ha pedido que se vigile "con mucho detenimiento" que el precio de esos alrededor de 450 fármacos no se incremente ya que eso provocaría -ha dicho- "un doble perjuicio".
