Tras siete años de arduas negociaciones y dos semanas de sesiones maratonianas se lograba el acuerdo en torno a un negocio que cada año mueve 70.000 millones de dólares. El documento obligará a todas las naciones que lo ratifiquen a revisar todos los contratos de armamento para que las armas vendidas no sean utilizadas en países sometidos a embargo o que abusan de los derechos humanos.
