Durante un año, Mónica ocupó una vivienda de protección oficial. Fue desahuciada y lleva desde entonces, junto a sus hijos y su pareja, viviendo en casa de sus suegros. 5 personas en la misma habitación. A pesar de no tener ingresos y depender de su familia para mantenerse, el Ayuntamiento le pedía 900 euros de multa por haber ocupado la vivienda. Ahora la juez la absuelve. Considera que no tenía dónde ir, que no dañó la casa ni tenía intención de quedarse siempre en ella.
