La Comisión Europea considera ilegales las ayudas a los astilleros españoles desde 2007 a 2011 y obliga a devolverlas a las arcas españolas. Así lo ha confirmado el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, quien ha dicho “que la comisión determina qué parte de las ayudas debe ser considerada incompatible y desde cuando hay que pedir la recuperación”, pero corresponde al Gobierno español la decisión de “quién debe devolver el dinero, cómo se debe proceder y cuánto dinero debe ser devuelto en cada caso”. El comisario de la Competencia ha destacado que la obligación de devolver la ayuda ilegal “solamente se aplica a los que se beneficiaron de ella”, es decir, “a los inversores” y en ningún caso a “las compañías navieras ni a los astilleros”, ha subrayado.