Medio centenar de empleados públicos penitenciarios se concentraron ayer ante la puerta de la prisión Tenerife II contra la privatización de la seguridad que está comenzando a realizar el Ministerio del Interior en estos centros.

Los manifestantes, que aseguraron que "se han roto las conversaciones con el Gobierno central", aprovecharon para recordar la precariedad de las condiciones laborales en las que se encuentran, "con medios materiales muy limitados y una escasez de personal notable", destacó Sergio López, representante de los trabajadores por el sindicato UGT.

En este sentido, Sergio López destacó que "solo hay dos personas de seguridad por cada módulo en el centro penitenciario tinerfeño, cuando los mínimos establecidos señalan que deben ser tres o cuatro, pues cada módulo de esta prisión alberga a entre 150 y 200 internos".

Este bajo número de funcionarios de seguridad provoca importantes disfunciones al llegar la época estival, pues con las vacaciones "nos quedamos en cuadros", siendo la única solución que "Instituciones Penitenciarias mande personal que no es del centro a cubrir las vacantes o llegando incluso a ampliar nuestros turnos de trabajo", destacó.

Pese a que estas vacantes temporales son cubiertas, para los empleados el problema sigue siendo el mismo, pues "es muy complicado entre dos personas realizar este trabajo", denunció el representante de UGT.

Respecto al principal motivo por el que se concentraron, los trabajadores denunciaron la cantidad de puestos de trabajo que conllevaría la privatización de la seguridad, y aseguraron que "no se ahorraría dinero con ello, sino todo lo contrario. Además, esta medida solo empeoraría nuestras condiciones laborales".

Otra de las demandas de los empleados públicos fue que se abra la posibilidad de acumular dos jornadas a la semana.

"Proponemos que en los centros penitenciarios de Canarias, así como en los de Baleares, Ceuta y Melilla, se pueda autorizar que, como mínimo, una vez al bimestre natural, se reserven al menos cinco jornadas acumuladas para poder disfrutarlas todas seguidas. Para el resto de las prisiones, se propone que se autorice como mínimo una vez al trimestre natural", solicitaron.

Los empleados públicos anunciaron que continuarán con las denuncias públicas hasta que se solucione esta situación, aunque aún no tienen confirmada la fecha de la próxima concentración.

las claves

Los empleados dicen que la opción de seguridad privada no supondría un ahorro económico, y que además empeoraría sus condiciones laborales. Las denuncias públicas continuarán realizándose hasta que se solucione la situación, según aseguraron los trabajadores, que aún no han puesto fecha a la próxima concentración.