Plan de choque millonario para reducir el flujo continuo de vertidos residuales en Tenerife

«Las obras bajo tierra no se ven, no dan votos y además molestan». La frase de Juan Rumeu, presidente de los consultores medioambientales, sintetiza la raíz del principal problema medioambiental que afronta Tenerife: la gran cantidad de viviendas que no están conectadas al saneamiento y que generan un caudal permanente de aguas negras que se vierte al mar y al subsuelo sin el adecuado tratamiento. En total, este afluente residual supera los 62,5 millones de metros cúbicos al año, una cantidad equivalente a 9.260 piscinas olímpicas.

El Cabildo de Tenerife se ha visto obligado a actuar ante los incumplimientos históricos de los ayuntamientos en una materia vital para la conservación del medio ambiente y la salud de los isleños. Más de la mitad de los fondos de los planes de cooperación municipal 2023-2027 y 2027-2031 –es decir, los paquetes de inversiones de la corporación insular para respaldar a los consistorios– van destinados a extender el alcantarillado y las otras infraestructuras necesarias para llevar esas aguas negras a las depuradoras. Son, en total, más de 70 millones de euros.

Este continuo derrame no solo provoca cierres de zonas de baño e intoxica la tierra. También sale muy caro a Canarias, como recuerda Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo. Solo entre 2019 y 2023, el Gobierno regional pagó 8,2 millones en multas de la Unión Europea por los incumplimientos en la depuración, una sangría que Pérez aclara «va a proseguir si no se toman soluciones de calado».

Además de las repercusiones económicas, esta catástrofe silenciosa también tiene un peaje judicial. A partir del próximo 8 de febrero, dos alcaldesas —María Concepción Brito (Candelaria) y Carmen Luisa Castro (Güímar)— y dos exalcaldes —José Gumersindo García (Candelaria) y José Juan Lemes (Arafo)— se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial acusados de delitos contra el medio ambiente y prevaricación por vertidos residuales al mar procedentes del Polígono Industrial del Valle de Güímar, mezclados con aguas urbanas. La justicia examina la responsabilidad penal de estos representantes públicos en los defectos de saneamiento que están detrás.

El esfuerzo económico de las administraciones para mejorar las plantas existentes o construir nuevas depuradoras «no sirve de nada», subraya la consejera, «si sigue habiendo numerosos núcleos desconectados de la red principal que conduce ese caudal a los centros de tratamiento». Pérez pone un ejemplo: la estación comarcal del Valle de Güímar, que costó 14 millones y que entró en funcionamiento el año pasado precisamente tras el episodio mencionado que ha acabado en los tribunales. Está infrautilizada porque solo recibe líquido de parte del casco güimarero y algún núcleo más. La aportación es mínima para un potencial de tratamiento de 7.000 metros cúbicos al día.

La gran contradicción

En paralelo, Tenerife ha alcanzado este año, de forma contradictoria, su máximo histórico en capacidad de depuración. La puesta en marcha de dos grandes plantas, en Granadilla (Los Letrados) y Guía de Isora (Estación Oeste), eleva el potencial a niveles nunca vistos en la Isla. Las infraestructuras no pasaban de los 25 hectómetros cúbicos en 2019 –25 millones de metros cúbicos–, el 40% de todo el caudal anual. Ahora ya tiene medios para recibir más de 35 hectómetros, lo que supone más del 50% de todo este flujo que sale de viviendas, comercios, hoteles, apartamentos y otros inmuebles.

La mejora va a ser aún mayor en un breve plazo gracias a una inversión de las administraciones de 230 millones. En este momento están en marcha dos proyectos más: la construcción de la depuradora de Montaña Reverón (municipio de Arona) y la ampliación de la de Buenos Aires (Santa Cruz de Tenerife).

Pero el esfuerzo para disponer de ocho grandes depuradoras se hace en balde si las aguas negras no llegan a estas instalaciones y acaban directamente en el mar o el subsuelo. Esto explica que haya tantos puntos de vertido al medio marino en la Isla (el último censo sitúa la cifra en 180) y que de estos emisarios, solo 59 dispongan de autorización. Los conductos sin los permisos reglamentarios son más del 67%, casi siete de cada diez.

Juan Rumeu cree que los 70 millones previstos por el Cabildo –una parte de los cuales ya se están ejecutando— son insuficientes «para un problema de enormes dimensiones». El portavoz de los consultores ambientales recuerda que un informe de la corporación insular del pasado mandato cifró las necesidades reales de inversión en redes de saneamiento en más de 500 millones. Por ello, Rumeu exige un plan insular inmediato, consensuado por todas las instituciones, con el alcance suficiente para no perpetuar este torrente maligno.

«Las administraciones tienen que tener claro que están incumpliendo sus obligaciones legales y que encima cobran a los vecinos una tasa de depuración», remarca. «De ahí las sanciones europeas», matiza. «Los representantes públicos tienen que dejar de mirar para otro lado, aun a sabiendas de que las cloacas no dan votos. Esas tácticas evasivas de meter hipoclorito, para que las analíticas den bien, o hacer como que no pasa nada y que el tiempo apague la polémica son una absoluta irresponsabilidad».

De la costa a la cumbre

Las carencias en los sumideros se extienden por toda la Isla, no solo en la costa. Rumeu enfatiza que hay municipios en los que más del 50% de las casas tienen pozos negros o están fuera de las redes de transporte a las depuradoras, desde el litoral hasta la cumbre y de norte a sur. Enumera que una expansión poblacional apresurada, un urbanismo descontrolado y la imprevisión de quienes debían poner orden han agrietado un sistema que hace aguas por todos lados. «Lo dramático es que son demasiadas carencias acumuladas, imposibles de resolver en un corto espacio de tiempo», concluye el experto.

Más allá de Güímar hay otros puntos negros regados por todo Tenerife. Otro ejemplo es Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. Permaneció cerrada al baño 349 días por vertidos de aguas fecales entre 2024 y 2025 y este mes volvió a adoptarse la medida, aunque solo durante dos días. Los problemas, sin embargo, persisten.

El diagnóstico es una combinación de factores: estar al lado de una depuradora comarcal que hace años se quedó obsoleta, la rotura del emisario de esta misma planta y la vecindad de un núcleo poblacional –Punta Brava– que sintetiza las repercusiones de los procesos urbanísticos acelerados e indisciplinados. En 2024, cuando se clausuró Playa Jardín, 125 viviendas de las 450 del barrio carecían de conexión a la red de alcantarillado de Puerto de la Cruz, es decir, tres de cada diez. El Ayuntamiento trata ahora de resolverlo, pero va a necesitar tiempo. No son solo las viviendas, las cloacas, las estaciones de bombeo... También está pendiente la construcción de una nueva depuradora y la reparación del emisario.

Playa Jardín comparte otra semejanza con Güímar. La justicia investiga a dos cargos públicos –Blanca Pérez y Marco González, exalcalde de Puerto de la Cruz– y un técnico –Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife– por presuntos delitos contra el medio ambiente que ocasionaron el cierre de la principal zona de baño de Puerto de la Cruz. n

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