Operativo contra la ocupación de la costa de Tenerife: Adeje inicia el desalojo del mayor asentamiento ilegal de la Isla

Adeje inicia el proceso para desalojar a los ocupantes del mayor asentamiento ilegal de Tenerife. El Ayuntamiento, en coordinación con el Gobierno de Canarias y los cuerpos de seguridad —Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Canaria y Policía Local de Adeje—, ha comenzado a entregar las órdenes de desalojo a las personas que residen en unos terrenos privados y públicos de la costa de Adeje, situados entre la calle Idafe y la carretera que da acceso al Puertito, justo al lado de las obras de construcción de la polémica urbanización de lujo Cuna del Alma.

Las personas que han montado infraviviendas en estos terrenos, antiguamente dedicados a la agricultura, tienen 15 días para desmontar las estructuras y dejar el suelo tal y como se encontraba antes de su ocupación. La mayoría son alojamientos precarios hechos con palés de madera, pero también hay caravanas y casas prefabricadas con placas solares, alguna incluso con piscina. El Consistorio ha detectado hasta prácticas de alquiler residencial y vacacional en este enclave que se encuentra junto al Sitio de Interés Científico de La Caleta.

Entre 300 y 500 personas

El Consistorio calcula que en este poblado ilegal viven entre 300 y 500 personas. El proceso ha comenzado en la mayor concentración de infraviviendas de todo Tenerife pero proseguirá en otros puntos del municipio sureño como El Valito, Llano Negro y Las Moreras.

La decisión de eliminar estas colonias informales, situadas en pleno corazón turístico de Tenerife y sin la menor cobertura para asentarse en suelo protegido y rústico, se adoptó el pasado mes de junio en una reunión organizada por el área de Seguridad de Adeje con representantes de otras administraciones, como la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, María Montserrat Ortega, dependiente del Ejecutivo canario.

Mercedes Vargas, edil de Seguridad de Adeje, explicó que «el fenómeno ha evolucionado desde un uso residencial puntual a situaciones de alquiler vacacional y arrendamiento de mayor duración de carácter irregular». La concejala detalló que la situación ha empeorado en los últimos meses, con una acumulación de residuos que genera un riesgo real para la salud pública y el entorno natural, por la proliferación de plagas, vertidos de aguas residuales al mar y riesgo de incendios. En esa reunión se fijó la hoja de ruta de una actuación conjunta y compleja, que «cumplirá todas las garantías jurídicas».

Coordinación entre diferentes áreas

Seguridad actúa de forma coordinada con otras áreas municipales —principalmente Urbanismo y Servicios Sociales—, de tal manera que los casos en que se detecten situaciones de vulnerabilidad —los minoritarios en este poblado del Puertito de Adeje— serán tratados con el fin de buscar medidas de apoyo y alternativas habitacionales. El resto —la mayoría— tendrá que abandonar la zona en dos semanas a partir de la recepción de la orden municipal. De no aceptarla se exponen a un procedimiento judicial con desalojo forzoso y otras medidas que dependerán de cada situación.

La orden municipal se está entregando tanto a los que ocupan suelo rústico de forma irregular como a los que han colocado sus infraviviendas en el deslinde marítimo terrestre —la franja de orilla— y la zona de servidumbre de paso —la línea situada inmediatamente después del deslinde—, un suelo público y blindado por la Ley de Costas en el que solo se permiten actuaciones con un permiso extraordinario. No es el caso de ninguna de las estructuras de este campamento ilegal.

La proliferación de asentamientos como este por toda la Isla —principalmente en los municipios más turísticos, como el mismo Adeje— se ha convertido en un quebradero de cabeza para los consistorios de Tenerife. El mayor es este del Puertito, pero hay muchos más, algunos al lado de apartamentos coloridos, hoteles de cuatro y cinco estrellas y chalets con piscinas.

Ahí están Camino de la Virgen, Llano Blanco, Lomo Negro, Los Vivitos, Los Migueles, Montaña de Guaza y La Mareta. Unas 4.000 personas ocupan tierras baldías, barrancos y cuevas con casetas de campaña, caravanas y estructuras precarias en núcleos diseminados por una amplia franja de la costa y las medianías sureñas de 30 kilómetros, desde Los Abrigos (Granadilla de Abona) hasta La Caleta (Adeje).

Un problema que afecta toda la Isla, especialmente al sur

Ante este problema, los ayuntamientos han comenzado a actuar. El primero fue Arona. El pasado 21 de julio, más de 80 personas, entre agentes de los cuerpos de seguridad y técnicos municipales, desplegaron un gran operativo en uno de estos poblados ilegales: Los Vivitos, entre las poblaciones de Buzanada y Guaza.

Este poblado también ocupó terrenos dedicados antaño a la agricultura y que habían quedado abandonados. La actuación se saldó con el precinto de una veintena de edificaciones, la inspección de unas 70 y la identificación de cerca de un centenar de personas.

Expedientes individualizados

El siguiente despliegue ha sido este de Adeje, que comenzó a principios de esta semana. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento confirmaron que se procederá a la apertura de expedientes individualizados por cada vivienda detectada, en aplicación de la Ley del Suelo, con el fin de garantizar la seguridad jurídica del proceso, aunque la ejecución material de las actuaciones podrá realizarse de forma simultánea y conjuntamente con la Agencia del Medio Natural y Costas.

El concejal de Urbanismo, Manuel Luis Méndez, señaló que la «mayoría» de los casos detectados «corresponden a segundas residencias o a formas de vida alternativas, y no a situaciones de necesidad habitacional».

Méndez destacó que el Ayuntamiento «ya cuenta con un precedente de buenas prácticas» en la actuación llevada a cabo en 2020 en el espacio protegido de Diego Hernández, perteneciente al Sitio de Interés Científico de La Caleta y muy cerca precisamente del poblado del Puertito, donde el trabajo previo de notificación a los ocupantes permitió que, en el momento del desalojo, solo quedara una persona en la zona.

"Una necesidad absoluta"

Méndez afirma que es «una necesidad absoluta empezar a intervenir» y que «la experiencia de Diego Hernández demuestra que si se hace con el trabajo previo adecuado, se puede actuar con garantías y con el menor impacto posible sobre las personas».

La responsable de Bienestar Social, Raquel Rodríguez, señala por su parte que el Ayuntamiento de Adeje tiene identificadas a las personas que ocupan estos asentamientos. «La gran mayoría no se encuentra en situación de vulnerabilidad ni de exclusión social y únicamente un número reducido de casos requiere seguimiento por parte de los servicios sociales municipales», concluyó.

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