Puerto de la Cruz busca poner fin a ocho años de vehículos abandonados

Fin de la espera. Casi ocho años después de que caducara el contrato del servicio municipal de grúa, Puerto de la Cruz prepara ahora una licitación para regularizar de forma definitiva una prestación que se ha mantenido durante todo este tiempo en "precario". Tras aprobarse inicialmente en mayo, el Ayuntamiento culmina ahora la aprobación definitiva del Reglamento, paso previo a una licitación prevista para octubre, con un contrato de más de 6,3 millones de euros por diez años.

Crisis sin contrato

El problema se remonta a 2018, cuando terminó el anterior contrato del servicio municipal de grúa. Desde entonces, ninguno de los gobiernos municipales que ha pasado por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha conseguido resolver definitivamente la situación. Desde entonces, Grúas Juanele ha continuado prestando el servicio pese a la finalización del contrato, en una situación que se ha prolongado casi una década y que también generó problemas económicos, con facturas pendientes de tramitación y pago que agravaron el conflicto.

En 2024, los impagos entre el Ayuntamiento y la empresa desembocaron en un conflicto laboral y paros de la plantilla, después de que los trabajadores dejaran de cobrar sus nóminas. La situación afectó directamente al servicio y durante meses la retirada de vehículos quedó prácticamente paralizada, en un municipio con una fuerte presión sobre el estacionamiento y cuyo depósito municipal acumula actualmente alrededor de 200 vehículos, frente a los cerca de 50 que el Consistorio retira cada año.

Un nuevo marco jurídico

Ahora, el área de Concesiones Administrativas, en coordinación con la Policía Local, establece un nuevo marco jurídico sobre el que deberá desarrollarse el servicio. El Reglamento fija las condiciones para la retirada, traslado y depósito de vehículos que obstaculicen la circulación, estén estacionados de forma indebida o supongan un peligro, además de regular qué procedimiento deberá seguirse con los vehículos abandonados y aquellos que hayan llegado al final de su vida útil. Esta prestación tendrá la consideración de servicio público local y podrá gestionarse de forma indirecta mediante un contrato de servicios o una concesión. También delimita las obligaciones que deberá asumir la empresa que resulte adjudicataria y las actuaciones que corresponderán al Ayuntamiento y a la Policía Local.

Los vehículos que permanezcan estacionados durante más de dos meses en el mismo lugar de una vía pública o terreno de dominio público podrán ser considerados abandonados, siempre que concurran los demás supuestos previstos. En esos casos, la Policía Local deberá comprobar el estado, la ubicación y la situación administrativa del coche antes de iniciar el procedimiento para su retirada. Será necesario identificar el vehículo, realizar los avisos correspondientes y efectuar nuevas comprobaciones para tratar de localizar a su titular y garantizar sus derechos.

Una vez cumplidos los trámites y plazos previstos, los vehículos que tengan la consideración de residuo podrán ser trasladados a un Centro Autorizado de Tratamiento (CAT) para su descontaminación y destrucción. De esta forma, los coches que lleven meses ocupando plazas de estacionamiento o espacios públicos podrán salir de la vía pública una vez finalizado el procedimiento administrativo.

Un deposito municipal 24 horas

El depósito municipal deberá permanecer operativo para la entrega de vehículos las 24 horas del día y los 365 días del año, con vigilancia y custodia permanente. Las instalaciones tendrán que contar con sistemas de seguridad y videovigilancia, registrar las entradas y salidas y disponer de herramientas informáticas y telemáticas para gestionar los vehículos y mantener la comunicación con el Ayuntamiento. Estas serán algunas de las condiciones que deberá asumir la empresa que resulte adjudicataria del futuro servicio.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, destaca que este nuevo contrato permitirá dar el paso necesario para resolver "una situación que lleva demasiado tiempo pendiente, estableciendo primero unas reglas claras que permitan prestar el servicio con todas las garantías” y que, asimismo, ayuden a "mejorar la capacidad de respuesta del Ayuntamiento" ante las necesidades de la municipio". En esa misma línea, el concejal de Concesiones Administrativas, Pedro Antonio Campos, señala que “no se trataba únicamente de volver a licitar un contrato que llevaba años caducado”, sino de ordenar previamente el servicio, actualizar su regulación y definir las obligaciones de la futura empresa. El papel queda ahora sobre la mesa de la Administración y de la futura adjudicataria: que las nuevas reglas acaben, esta vez sí, con los problemas acumulados durante años.