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Valle de Güímar

Alcaldes y exalcaldes de Güímar se sentarán ante la justicia por vertidos de aguas residuales en febrero

Los cuatro ediles y exediles se sentarán en el banquillo por presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación relacionados con vertidos industriales

Depuradora de aguas residuales urbanas del Valle de Güímar

Depuradora de aguas residuales urbanas del Valle de Güímar / Arturo Jiménez

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Santa Cruz de Tenerife

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha fijado el 8 de febrero de 2027 como fecha del comienzo del juicio por los vertidos de aguas residuales del Polígono Industrial Valle de Güímar. Los únicos cuatro acusados que se sentarán en el banquillo por los presuntos delitos contra el medio ambiente y prevaricación se corresponden con María Concepción Brito Núñez, alcaldesa de Candelaria; José Gumersindo García Trujillo, exalcalde de Candelaria; José Juan Lemes Expósito, exalcalde de Arafo, y Carmen Luisa Castro Dorta, alcaldesa de Güímar.

El señalamiento judicial reserva expresamente el martes 16 de febrero para el interrogatorio de los acusados y el jueves 18 para los informes y conclusiones. Las sesiones que se corresponden con los días 8, 9, 10, 11 están señaladas para tomar declaración a los testigos. El mismo día 11, 12, 15, 16 y 18 del próximo febrero declararán los peritos. La causa procede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar, donde la instruyó el magistrado Francisco Tuero González.

Al mar llegaban aguas industriales y residuales

El origen del procedimiento está en los vertidos de aguas residuales al mar procedentes del Polígono Industrial del Valle de Güímar, mezcladas también con aguas residuales urbanas. La investigación examinó la actuación de responsables públicos y de otros intervinientes ante una situación de saneamiento que, según el auto dictado en 2022 durante la fase de instrucción, habría dado lugar a vertidos continuados sin el tratamiento y las autorizaciones exigibles.

En 18 de enero de 2022, el juzgado instructor acordó continuar el procedimiento contra los cuatro responsables y exresponsables municipales por presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y de prevaricación. La resolución centró los indicios en la posible omisión de las obligaciones de control, tratamiento y regularización del sistema de saneamiento. Se trata, en todo caso, de hechos que deberán ser examinados y probados en el juicio.

Nueve años de la denuncia original

La causa se remonta a una investigación penal abierta después de que el 1 de junio de 2017 presentaron una denuncia Agustín Espinosa y Lourdes Galindo, entonces concejales de Sí se Puede en Candelaria y Güímar, respectivamente, y Francis Hernández, edil de Izquierda Unida Canaria en Arafo en aquel momento. Durante la instrucción se analizaron, entre otros extremos, el funcionamiento de la red de saneamiento del polígono, las estaciones de bombeo, la instalación de tratamiento de aguas residuales industriales y el emisario submarino por el que las aguas eran conducidas al mar. El procedimiento llegó a acumular una extensa documentación y numerosas declaraciones e informes técnicos.

Tras calificar de «presunta, pero grave y directa» la responsabilidad de los alcaldes de Candelaria, Arafo y Güímar entre 2013 y 2017, y especificar que los ayuntamientos son titulares del Polígono Industrial desde el 23 de julio de 2013, el juez atribuyó en 2022 a los responsables políticos una «pasiva conducta» en el cumplimiento de las competencias municipales en la gestión y mantenimiento de «las infraestructuras de la red de evacuación de las aguas residuales».

La vista tendrá una importante carga testifical y pericial. El primer día están citados agentes de la Guardia Civil, agentes de Medio Ambiente y policías locales de Arafo y Candelaria. Durante las jornadas siguientes comparecerán técnicos municipales, responsables vinculados al Consejo Insular de Aguas de Tenerife y a la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial, personal de Aqualia y diversos especialistas.

Entre los peritos señalados figuran facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y especialistas relacionados con análisis de muestras, informes ambientales, cartografía bionómica y el emisario submarino. La programación judicial distribuye estas pruebas entre el 11, 12 y 15 de febrero, antes del interrogatorio de los cuatro acusados.

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