Polémica en Puerto de la Cruz: Salud Pública acusa al Ayuntamiento de desobedecer la orden de cerrar Playa Jardín por contaminación

La Dirección General de Salud Pública asegura en un informe que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz desobedeció la orden de cerrar una de las tres calas de Playa Jardín los días 23 y 24 de junio por un episodio de contaminación provocado por un vertido de aguas fecales. Esas jornadas, miles de personas acudieron precisamente a Playa Jardín, la principal zona de baño del municipio turístico que ya estuvo cerrada por esta misma causa 349 días entre 2024 y 2025, para celebrar la Noche de San Juan.

El departamento del Gobierno de Canarias, que tiene la competencia de vigilar el estado de las aguas de baño de las Islas, lo revela en un acta oficial de una inspección realizada por su personal el 24 de junio, un día después de que unas analíticas de la propia Salud Pública detectaran niveles por encima de lo reglamentario de una bacteria asociada a las aguas fecales y de que ese mismo día 23 de junio ordenara al Ayuntamiento la clausura de la playa, como manda la normativa de control sanitario.

La inspección para corroborar si el Consistorio portuense había cumplido o no con la orden de cierre se realizó entre las 08:10 y las 12:03 horas del 24 de junio. El acta refleja que "en el momento de la inspección no se han adoptado las medidas de protección de la salud ordenadas" el día anterior "en cuanto a que no hay información en las proximidades de la playa de la prohibición del baño y el motivo del mismo".

El 23 de junio, entre las 11:58 y las 12:06 horas, Salud Pública tomó muestras de las aguas de Playa Jardín dentro del seguimiento que realiza habitualmente. Los resultados en el punto de muestreo correspondiente a una de las tres calas, la denominada El Charcón, dieron un valor por encima del tope que fija la normativa: 800 unidades por cada 100 mililitros de Escherichia coli, una bacteria común en las aguas fecales que vierten las poblaciones, cuando el máximo es de 500 unidades.

Positivo en contaminación

El resultado de la analítica, tal y como refleja Salud Pública en el informe del 23 de junio, "incumple los valores establecidos en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño", lo que lleva aparejado el cierre de esa zona del litoral, una medida que según la normativa ordena Salud Pública y decreta finalmente el ayuntamiento afectado, en este caso el de Puerto de la Cruz.

"Teniendo en cuenta el valor detectado y de conformidad con el documento 'Actuaciones de las Direcciones de Área de Salud en materia de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Baño', se procede declarar un episodio de contaminación de corta duración, así como establecer la prohibición temporal del baño en dicha zona", aclara el acta de las analíticas.

El documento oficial añade que se procedió "a comunicar esta situación de incumplimiento y la adopción de la medida de cierre al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz mediante comunicación telefónica, remitiéndose igualmente la correspondiente notificación por correo electrónico" a unas direcciones que especifica el acta y que pertenecen a varios departamentos del Consistorio.

El Ayuntamiento desoyó la orden de Salud Pública

El Gobierno municipal de Puerto de la Cruz ya había confirmado que no decretó la prohibición de bañarse en El Charcón el 23 de junio, ni en ninguna de las otras dos calas de Playa Jardín (Punta Brava y El Castillo), pese a la orden de Salud Pública, al entender que la forma con la que el organismo del Gobierno canario se lo comunicó no era la oficial.

El alcalde, Leopoldo Afonso, y su equipo consideran que debía haberse hecho a través de un escrito con registro de entrada. Salud Pública especificó al respecto que la llamada y el envío del correo electrónico son el modo que emplea con todos los ayuntamientos del Archipiélago para este tipo de comunicaciones, un método que forma parte del protocolo sanitario.

Afonso ha asegurado en varias comparecencias públicas que se enteró de ese correo electrónico un día más tarde de su envío, el 24 de junio, por la tarde. Sin embargo, al menos un miembro de equipo lo sabía al menos unas horas antes.

La sorprendente respuesta de un concejal

Llama la atención la explicación que dio uno de los ediles del Ayuntamiento portuense a los inspectores de Salud Pública cuando estos acudieron el 24 de junio a comprobar si el Ayuntamiento había cumplido con la orden de cerrar El Charcón y se toparon con él en la misma playa. Sin aclarar a qué edil se refieren, el acta aclara: "El concejal que se encontraba en la playa manifiesta [a los inspectores] que colocaron la información del cierre de la playa, pero que la gente la había quitado".

Esta afirmación contrasta con las explicaciones de los propios responsables municipales, que han mantenido que esos días El Charcón no se cerró. Tampoco han aclarado en ningún momento que se colocaran carteles sobre medidas contempladas en un decreto que nunca se emitió.

El cierre ordenado por el Ejecutivo regional que no llevó a cabo el Ayuntamiento habría sido por dos días, el 23 y 24 de junio. Ya el día 25 las analíticas de Salud Pública, las únicas válidas para el control de las zonas de baño de Canarias, volvieron a dar valores por debajo del máximo en Escherichia coli (250 unidades), por lo que las aguas volvían a ser aptas para el baño.

En plena Noche de San Juan

Eso sí, el periodo corto de contaminación se produjo justo el día de mayor afluencia de personas a esta parte de la costa norteña. Puerto de la Cruz vivió la madrugada del 23 al 24 de junio "una Noche de San Juan marcada por la participación masiva de vecinos, vecinas y visitantes, el ambiente festivo en Playa Jardín y el desarrollo de una celebración que concluyó sin incidentes", aseguró el Ayuntamiento en un comunicado.

El grupo del PSOE en el Consistorio portuense, una vez analizadas las actas de Salud Pública de junio, exige "responsabilidades políticas" al alcalde y su grupo de gobierno (PP-ACP-CC) "por no ejecutar el cierre efectivo de la zona del Charcón en Playa Jardín y ocultar con mentiras de manera consciente e interesada a la población esta información, pese a que Salud Pública les comunicó la existencia de contaminación y la obligación de adoptar medidas de protección para los vecinos y vecinas de Puerto de la Cruz".

No hay valoración del Ayuntamiento

El equipo de Leopoldo Afonso, consultado este viernes 21 de agosto, rehusó hacer una valoración. "El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha actuado en todo momento con la máxima transparencia, prudencia y responsabilidad, facilitando la versión oficial y completa de los hechos y dando traslado a los medios de toda la documentación oficial obrante en relación con este asunto, incluidos los informes, resultados y comunicaciones de los organismos y entidades implicados", asegura.

En su respuesta, el tripartido añade: "Consideramos que la posición del Ayuntamiento ha quedado suficientemente explicada y documentada, por lo que poco más podemos añadir sin incurrir en reiteraciones sobre cuestiones que ya han sido aclaradas públicamente".

Esta zona del litoral portuense, que presenta graves déficits históricos en el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales, y situada justo al lado del barrio de Punta Brava y de la depuradora comarcal, sufrió posteriormente otro episodio de contaminación idéntico. Fue entre los pasados días 12 y 13 de agosto.

Otra analítica de Salud Pública daba un nivel de 850 unidades de Escherichia coli, 350 por encima de lo autorizado. Sin embargo, en esta ocasión el Ayuntamiento sí decretó el cierre de la cala de Playa Jardín conocida como Punta Brava. Aún siendo un episodio de contaminación idéntico al de junio, esta vez el Consistorio sí consideró que la comunicación de Salud Pública se había hecho por el conducto oficial.

El cierre de Playa Jardín durante 349 días, entre el 3 de julio de 2024 y el 17 de junio de 2025, centra un procedimiento judicial. En esta causa, abierta en agosto de 2024 por la Fiscalía Provincial, se investiga a dos cargos públicos –Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo de Tenerife, y Marco González, exalcalde de Puerto de la Cruz– y uno técnico –Javier Davara, gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife– por presuntos delitos contra el medio ambiente.

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