El planeamiento de Arona prohíbe ubicar la macroplanta fotovoltaica de Disa en suelo rústico

El Ayuntamiento de Arona mantiene su rechazo a la macroplanta fotovoltaica de Los Bebederos y sostiene que la instalación "se encuentra expresamente prohibida por el planeamiento vigente" porque la superficie que ocupará cuenta con la calificación de "suelo rústico común ordinario". Además, el Consistorio defiende que no se justifica lo suficiente la adecuación del Plan General de Ordenación (que data de 1992), "no acredita que deba situarse necesariamente en suelo rústico" y "no contribuye a la ordenación ni al desarrollo rural".

El pronunciamiento llega después de que el Gobierno de Canarias haya autorizado el proyecto promovido por Disa y declarado su utilidad pública, una decisión que permite avanzar en su tramitación pese a las discrepancias expresadas por las administraciones locales e insulares.

Posibles afecciones ambientales

La planta contempla la instalación de 8.610 módulos fotovoltaicos de 700 vatios, con una potencia de casi cinco megavatios, sobre una superficie de unas cinco hectáreas próxima a Chayofa y Tinguafaya y a la entrada del Hospital del Sur. Además, el proyecto se encuentra en unos terrenos con potencial agrícola que el Cabildo considera susceptibles de formar parte de una futura Reserva Agraria Estratégica. La empresa, por su parte, defiende que el terreno lleva más de tres décadas en desuso, carece de una red de riego próxima y presenta condiciones que favorecen su aprovechamiento para la generación solar.

Por su parte, las posibles obras también han recibido reparos por sus afecciones ambientales y paisajísticas. La línea de media tensión necesaria para evacuar la energía hasta la red atraviesa Áreas de Protección Ambiental y afecta a un hábitat de interés comunitario en el entorno del barranco de Llano Azul, con presencia de especies vegetales como el tabaibal dulce y las baleras, y presencia de avifauna protegida, entre ella el alcaraván común. A ello se suma la proximidad de la instalación a zonas residenciales, con los núcleos más cercanos situados a unos 220 metros.

Cuestionan el proyecto

Unos días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, el Ayuntamiento de Arona insiste en que su oposición "no responde a un rechazo a las energías renovables", sino a la ubicación elegida y a su incompatibilidad con la planificación municipal. El Consistorio defiende que el desarrollo de nuevas instalaciones de generación eléctrica debe realizarse con planificación territorial y respeto al planeamiento vigente.

La propia alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, cuestiona que se pueda comprometer la planificación futura del municipio. "Esta manera de proceder compromete nuestro planeamiento, incluso el Plan General de Ordenación que teníamos planificado sacar en los próximos años", señala. Lemes añade que el Ayuntamiento trasladará su "preocupación y oposición" porque, a su juicio, "no se puede hablar de desarrollo sostenible mientras se ignora el planeamiento municipal y se comprometen suelos estratégicos para el futuro del municipio".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Javier Baute, defiende que "las renovables son necesarias, pero deben implantarse con rigor, donde corresponde y respetando la ordenación del municipio". En la misma línea, Más por Arona comparte el rechazo, aunque suma a sus críticas la pérdida de suelo agrario, biodiversidad y paisaje que, a su juicio, provocará la instalación. Su portavoz, Luis García, considera que la resolución demuestra la "escasa autoridad y capacidad de decisión" del Ejecutivo local y sostiene que Arona "es un municipio donde otros deciden por nosotros". Por ello, reclama al Ayuntamiento que se oponga "sin fisuras" a la implantación de la planta.

Una planta declarada de utilidad pública

Y es que, para más inri, la autorización del Gobierno de Canarias da luz verde a la instalación y declara su utilidad pública, lo que permite a Disa avanzar en su ejecución y disponer de los terrenos necesarios para la línea de evacuación. La medida cobra especial relevancia porque la empresa no es propietaria de todas las parcelas por las que discurrirá la conexión con la red y, si no alcanza acuerdos con sus titulares, podrá recurrir a la expropiación forzosa, en un plazo de cinco años desde la obtención del permiso de acceso, ampliables excepcionalmente hasta ocho.

No obstante, el permiso no supone que las obras puedan comenzar de inmediato. La autorización queda condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos ambientales, patrimoniales y técnicos antes de entrar en la fase constructiva. Entre ellos figuran el seguimiento del impacto sobre la fauna y la flora autóctona y la elaboración de un estudio de los valores patrimoniales, que deberá incluir una prospección arqueológica.

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