Güímar aprueba casi 247.000 euros en facturas de FCC pese al informe de nulidad

El Gobierno municipal de Güímar aprobó el pago de casi 247.000 euros por tres facturas a la empresa que realiza el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, FCC Medio Ambiente, a pesar de que el informe de la Intervención lo considera nulo porque se obvió la función interventora, no se justifica la adaptación de precios y la facturación «se limita a indicar importe total de la prestación». La interventora estima que «procede la revisión de oficio»; la secretaria deja constancia de que la situación «puede dar lugar a responsabilidades, incluso del orden penal».

El concejal de Servicios Municipales, Economía y Hacienda (entre otras cosas), José Miguel Hernández, definió como «relativamente lógicos» los contenidos desfavorables de los informes económico y jurídico teniendo en cuenta que ocurre desde que fue declarada la nulidad del contrato, el 30 de marzo de 2023, en un pleno que también decidió la continuidad del servicio en determinadas condiciones por algo más de 138.000 euros. «No ha cambiado nada», defendió el edil. «No se ha pagado una sola factura de residuos desde hace muchísimos años que tenga el visto bueno de Intervención» porque «no hay contrato».

Nulidad y contratación irregular

«Nos encontramos ante un contrato en situación de nulidad y una contratación irregular de los suplementos asociados a dicho contrato nulo», contiene el informe de Intervención, mientras la Secretaría afirma que esta situación se mantiene «a sabiendas y con los reiterados informes de los servicios jurídicos, en sentido desfavorables y los reiterados reparos de la Intervención». Añade que «también a sabiendas, se amplía el servicio con nuevos costes, bajo la excusa de suplemento de servicios básicos», y señala que estas aprobaciones se realizan «sustrayendo la competencia al órgano competente que es el Pleno corporativo».

El informe del órgano jurídico municipal no limita el problema a estas tres facturas de FCC y a los casi 247.000 euros que suman. Secretaría solicita que se tramite también el correspondiente expediente respecto de la autorización, disposición e incluso reconocimiento del gasto de la facturación mensual de esta empresa y, de forma separada, de la «facturación paralela mensual», denominada indistintamente «plan de choque» o «suplemento del servicio».

De hecho, el propio informe de Secretaría llega a calificar de “claramente contradictorio e injustificable” que, habiendo variado determinadas circunstancias del servicio (más equipamiento), se mantenga una facturación y además exista otra facturación separada «por los mismos servicios».

El acuerdo para evitar el expediente por omisión de la Intervención

El Pleno acordó «iniciar el procedimiento de la obligación» de pagar las facturas y el posterior traslado a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Gobierno de Canarias. Con ello, el Gobierno de Güímar no «convalida la función interventora», figura que manejó para evitar el expediente por omisión de la Intervención, uno de los aspectos fundamentales del informe de la Intervención derivada de que el expediente no fue fiscalizado con anterioridad.

De hecho, el propio José Miguel Hernández recordó al Pleno que es la quinta ocasión en la que se plantea una situación similar «por importes incluso superiores» y se mostró insistente en que el sobrecoste que cita la Intervención y la oposición se debe al aumento de personal para prestar el servicio.